Resumen

ANÁLISIS EN CONTRASTE Por EDGAR SALAZAR MACÍAS

IAIPTLAX

El Organismo garante del Acceso a la Información Pública en Tlaxcala, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIPTLAX), parece ser uno de los organismos del gobierno estatal que menos eficacia y trabajo le ofrecen a la ciudadanía tlaxcalteca. Haciendo un recuento, la mayor parte del tiempo que llevan en funciones los actuales comisionados, lo han invertido en disputas legales por saber quién va a controlar a este Instituto, en lugar de dedicar tiempo al trabajo en favor de la transparencia y acceso a la información. Por experiencia propia puedo señalar que los tiempos de atención del Instituto son demasiado largos, fuera de términos y plazos legales.

Si bien es cierto, en solicitudes de información los tiempos de atención son casi siempre apegados a los plazos legales, es porque el IAIPTLAX solo pone al alcance de la ciudadanía la plataforma mediante la que se hace llegar al sujeto obligado la solicitud de información, sin que intervenga de manera directa. Sin embargo, el problema viene cuando se interpone algún recurso en contra de los sujetos obligados, porque en el actuar del IAIPTLAX se pueden encontrar diversas situaciones contrarias a la Ley.

En uno de los casos más recientes, interpuse un recurso de revisión en contra de un Ayuntamiento, este recurso fue turnado a la ponencia del comisionado Francisco José Morones Servín; lo interesante no sólo fue lo tardado de la notificación de turno de mi recurso, sino que en ese acuerdo se me prevenía para que proporcionara información respecto de mi solicitud inicial, número de folio de la misma y número de oficio que contenía la respuesta recurrida del sujeto obligado. Como es de esperarse, al cumplir con la prevención, hice el señalamiento que en la Plataforma se encuentran tales datos, y de los que debió haber tenido conocimiento desde el momento que fue turnado el recurso a su ponencia.

Ahora bien, en otros recursos de revisión interpuestos, los tiempos desde que se presenta, hasta que se dicta sentencia llegan a ser de un año, la Ley General de Transparencia, en sus artículos 6 y 8, fracción II, establecen que el Estado garantizará el acceso a la información, y que los órganos garantes de este derecho, deberán actuar de manera eficaz; por su parte, la ley estatal en la materia, replica esos mismos postulados en sus artículos 6 y 9, fracción II, situación que en la especie no acontece.

Si se busca generar una cultura de la transparencia, entonces los mecanismos para acceder a la información deben de ser no sólo eficaces, sino que deben actuar de manera expedita, además que deben de realmente sancionar a los sujetos obligados, porque muchos de ellos terminan proporcionando la información, pero fuera de los tiempos y plazos señalados en la ley, sin justificación alguna, debiendo entender que el cumplimiento fuera de tiempo, no es realmente cumplimiento, y eso merece una sanción.

TRES PUNTOS…

Los procesos administrativos del Registro Civil merecen una revisión profunda, además que los funcionarios merecen ser sensibilizados sobre las pérdidas que enfrentan las familias cuando acuden a tramitar un acta de defunción; el trato inhumano que reciben algunas familias resulta humillante, si acudes a realizar un trámite tan poco placentero, lo mínimo que esperas es que haya una forma digna de decir las cosas, orientación sobre cómo realizar el trámite, lo que menos quieres en esos momentos es que te digan que porque el médico omitió marcar si el finado estuvo casado, soltero, viudo, divorciado, separado u otro, no pueden realizar el trámite. Así de absurdo es el mundo de los trámites administrativos. Es cuanto.

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