Resumen

ANÁLISIS EN CONTRASTE Por FABIO L. ZEMPOALTECA

El interés superior de niñas, niños y adolescentes

Dentro del trabajo diario de muchos despachos jurídicos se observa que gran parte de los asuntos que se trabajan dentro de los mismos son los concernientes a los asuntos familiares, hecho que puede verificarse con el análisis de los datos estadísticos que arroja el informe de resultados de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales de primera instancia en nuestra entidad referentes al mes de diciembre de dos mil dieciocho, informe del cual se observa que en el rubro de asuntos en trámite por materia familiar se tienen 20,133 asuntos en trámite, lo que equivale al 53.82% de los asuntos que se ventilan en nuestra entidad, hecho realmente alarmante si se observa el solo concepto que origina el trámite de dichos asuntos,  siendo este el concepto familia,  concepto que representa el núcleo fundamental de toda sociedad, institución que debe ser protegida y tutelada por todos los órganos administrativos y de gobierno del estado, puesto que de la familia parte el ideal de desarrollo y formación del propio ser humano.

De hecho durante muchos años se cimento el desarrollo de los pueblos en la educación, principios y valores que se inculcan desde el núcleo familiar, en donde en teoría se debe procurar entre sus miembros una convivencia sana, amorosa, respetuosa, pacifica, libre todo indicio de violencia; lo que propicia la formación de la personalidad del ser humano, permitiéndole entablar relaciones afectivas, democráticas y pacíficas, sin embargo es extremadamente preocupante que la cifra más grande de asuntos jurisdiccionales tan sólo en nuestra entidad sea la derivada de cuestiones familiares.

Ante este fenómeno el profesional del derecho debe observar este fenómeno no solamente desde el punto de vista de litigante, perspectiva desde la cual quizá pudiera decirse que es un fenómeno social con buenos dividendos laborales para los abogados, sin embargo el profesional del derecho debe de ir más allá procurando observar, convivir, escuchar y presenciar el comportamiento de los realmente afectados por el gran número de controversias familiares que se ventilan en los juzgados, quienes no son precisamente los adultos que por su propia capacidad de ejercicio encabezan las causas familiares, sino que son los niñas y niños que en muchas ocasiones sufren  sin posibilidad de que sean escuchados los terribles estragos que provoca el desmoronamiento de la institución en donde deberían encontrar paz, amor, tranquilidad, fuerza y felicidad, hecho desde el cual quizá pudiese explicarse a su vez los graves resultados educativos que arrojan las pruebas de evaluación de nuestro sistema escolar, y la grave crisis de seguridad y violencia que estamos viviendo.

Frente a esta circunstancia de la cual lamentablemente adolece nuestra sociedad, surge la importancia de visualizar al derecho como un medio por el cual se defienda al verdadero grupo afectado por la estadística de asuntos familiares en trámite, siendo este grupo el de los niños y niñas, circunstancia que existe y  que toma vigencia a través del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que:  “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Texto constitucional que cita y obliga a la observancia del principio del interés superior de la niñez, el cual busca la mayor satisfacción de todas y cada una de las necesidades de los niños y niñas, y que establece en todo momento una actuación activa y dinámica del estado en todo lo concerniente, parecería que este principio y la actuación del estado mexicano ha estado en todo momento presente en la vida jurídica de nuestro país, sin embargo resulta curioso que si bien México ratifico en 1990 la Convención Sobre los Derechos del Niño de 1989 fue hasta 2011 que se incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4º constitucional, hecho realmente lamentable, puesto que es en la niñez en donde se forman los grandes seres humanos que conducen y conducirán las riendas de nuestra sociedad.

A partir de 2011 a través de la corriente humanista que permeo en el derecho mexicano la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias en donde se destaca el deber de los tribunales de atender y proteger el interés superior de la niñez, situación que se observa en varias jurisprudencias, y que para efectos de la presente me gustaría resaltar la tesis denominada INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. COMPRENDE NO SOLAMENTE EL DERECHO A SER ESCUCHADO EN JUICIO, SINO TAMBIÉN A QUE, OFICIOSAMENTE, SE LE HAGAN SABER SUS DERECHOS EN LENGUAJE QUE COMPRENDA CUANDO HAYA DATOS DE QUE EXISTE VIOLENCIA FAMILIAR., criterio que reafirma la forma de actuación activa y dinámica que los tribunales deben observar en asuntos en los cuales se inmiscuyan los intereses de los menores ya que establece la obligación que tienen los tribunales de actuar oficiosamente ante la observancia de conductas procesales que delaten la existencia de violencia familiar y más aún establece la necesidad y derecho primordial de los menores de escuchar, conocer y entender sus derechos e inclusive los alcances de la actuación de sus padres, mencionando la posibilidad de realizar una audiencia en la cual serán los jueces quienes a través de un lenguaje claro y comprensible, acorde a la edad de los menores, les manifestaran sus derechos, para que quienes realmente recienten en muchas ocasiones la manipulación, frustración y rencor de los adultos, sepan sus derechos y de esta forma sean escuchados en juicio con toda la atención, prioridad y respeto., resultaría interesante y loable observar que los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia oficiosamente revisaran meticulosamente las actuaciones de los promoventes en cuestiones familiares ya que seguramente se analizaría la intención dolosa de dilatar juicios, de separar familias, de desprestigiar a los padres y de alejar día a día a los menores de la figura paterna o materna que desearían., es un hecho que incluso comprometería la ética y principios del litigante puesto que la actuación y asesoría de los mismos debería guiarse de igual modo a procurar el respeto y protección del interés superior de la niñez, resultaría sumamente relevante que la actuación se los jueces se encauzara en este sentido, el hecho de que el funcionario que encabeza la justicia sea capaz de alejarse de  la frivolidad que muchas veces encierra el titulo juez y ser capaz de hablar a un ser humano en formación, con palabras y conceptos que no solamente servirán para que un menor conozca sus derechos y lo que pueden o no hacer sus padres, sino que quizá a través de sus palabras siembre en los menores la esperanza de justicia e igualdad que en futuro los haga ser hombres y mujeres de bien, así de grande y trascendente puede ser la actuación de los órganos jurisdiccionales solamente falta un poco de intención y decisión.

 

">