DERECHOS EN PERSPECTIVA Por La Dra. GEOVANNY PÉREZ LÓPEZ

¿Justicia por propia mano es justicia?
La justicia por propia mano es un término que se usa para referirse a la decisión, por parte de las personas para aplicar a otra u otras una pena “castigo” por un supuesto delito o falta por encima de la ley, una acción que ha sido reiterada en Tlaxcala y otros estados de la república para expresar la crisis ante la no aplicación de la justicia en forma rápida y oportuna, las fallas constantes de intervención por parte de las autoridades en general, pero en específico de la policía, fallas estructurales que traen como consecuencia irritación en amplios grupos de la sociedad; “violencia social y linchamiento”.
Pues como decía Hannah Arendt “La rabia sólo brota allí donde existen razones para sospechar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican. Sólo reaccionamos con rabia cuando es ofendido nuestro sentido de la justicia, y esa reacción no refleja necesariamente en absoluto una ofensa personal” es decir, ante una ofensa colectiva hay organización social colectiva y se convierte en guía de la violencia no en justificación de la misma.
Es sabido el incremento de la violencia y los linchamientos en diversos estados como; Oaxaca, Morelos, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, y Tlaxcala por mencionar algunos, a causa de la indignación ante la inseguridad, aunque existen otras causas como las desigualdades, la corrupción, la pobreza y la violencia de género, aunado a la brecha entre instituciones públicas y la sociedad, incluso cada día resulta más evidente el hartazgo social por la utilización de la función pública para beneficio personal y político en lugar del beneficio común generando mayor decepción y desconfianza.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, se estima que, en el estado de Tlaxcala, 70.2% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día su entidad federativa, seguido de la salud con 33.9% y 31.1% de la población considera la escasez de agua como el cuarto problema más importante. Sumado a la percepción de corrupción respecto de las autoridades donde el 73.5% de la población de 18 años y más considera que las personas en cargadas de hacer justicia son corruptas, lo que muestra no solo las problemáticas urgentes de atender, sino la relación entre las problemáticas y la vulneración a los derechos humanos.
De lo anterior, la situación actual muestra las fracturas sociales y cada día se convierte en una acción normalizada que puede llevarnos a soluciones punitivas, antes de llevarnos a reflexionar sobre ¿Cuál es la razón de fondo por parte de la organización comunitaria ante el aumento de la criminalidad y los linchamientos? ¿La justicia por propia mano es la justicia que queremos o que entendemos por justicia? Y acaso ¿ Castigar a quienes castigan es justicia?, mientras tanto se olvida accionar no solo desde la atención y sanción, sino desde la prevención y el abordaje de la justicia con un enfoque integral que combine medidas estructurales y educativas, involucre a las autoridades e instituciones no solo de procurar, administrar o impartir justicia, mirar la apropiación de los DDHH y transformar la cultura hacia el respeto del Estado de derecho, a través de mecanismos o herramientas más accesibles y efectivas para la resolución pacífica de conflictos.
Al mismo tiempo, de trabajar en la ética individual y responsabilidad colectiva, en el servicio público, es decir se requieren instituciones, autoridades y una sociedad sensible y consiente desde la ética ante el estricto respeto y apego a los derechos humanos, libre de corrupción dentro y fuera de las instituciones que trabajen con transparencia para dar certidumbre a la ciudadanía.