DERECHOS EN PERSPECTIVA Por La Dra. GEOVANNY PÉREZ LÓPEZ
Ni Cortés, ni la lluvia: políticas públicas para el derecho a la ciudad y no inundarnos
En cada temporada de lluvias, se agrava la situación de las calles convertidas en ríos, casa, familias y comunidades resistiendo, a lo que algunos llaman “evento inesperado ante el que no puede hacer nada” a menos que regresemos 500 años atrás. Pero detrás de cada inundación hay algo más que una falla en la infraestructura y justificación desde el discurso. Hay una deuda histórica del Estado con quienes vivimos en mayor vulnerabilidad. Las inundaciones son un síntoma de la falta de políticas públicas para el acceso a nuestro derecho a la ciudad.
Hablar del derecho a no inundarnos (el cual no existe) es hablar del derecho a la ciudad, entendido como el derecho colectivo a habitar, transformar y decidir sobre el espacio urbano para garantizar una vida digna. Este derecho está reconocido en la Constitución incluso en algunos estados está reconocido en su legislación local, aunado a un reconocimiento internacional en la Agenda 2030. Sin embargo, ¿quién debe garantizar dicho derecho y su reconocimiento donde no existe? ¿Qué hacer en caso de inundaciones en lugar de regresar años atrás para preguntar a Cortés? ¿Cuándo disfrutaremos del derecho a la ciudad?
En ciudades donde los gobiernos no actualizan sus Atlas de Riesgos, donde no se invierte en drenaje, donde la urbanización desmedida ignora el sentido común, lo que se inunda no es solo el territorio, se inunda también la justicia social. Y como ocurre en muchas otras dimensiones, las mujeres somos quienes enfrentamos las consecuencias más graves porque el sistema nos coloca siempre en condiciones de mayor riesgo: preguntémonos quienes utilizan en mayor medida el transporte público, a pesar de las condiciones y la violencia que se pueda padecer, quienes cuidan a otras personas lo que representa un trabajo no remunerado ni reconocido y con limitaciones en el acceso a los derechos humanos, quienes tienen menos acceso a recursos económicos, servicios o quienes realizar triple jornada laboral todos los días, y quienes tenemos menor participan en la toma de decisiones, sobre todo en cómo se planifican nuestras ciudades.
El urbanismo tradicional ha ignorado por décadas las experiencias, necesidades y saberes de las mujeres. Y eso tiene consecuencias tangibles: zonas mal iluminadas, albergues improvisados sin condiciones de seguridad, servicios públicos inaccesibles, espacios públicos inseguros o intransitables. La falta de políticas públicas que integren la perspectiva de género no es solo una omisión: es una forma de violencia estructural.
Según datos recientes de CENAPRED, en estados como Tlaxcala, solo una minoría de los municipios cuenta con herramientas básicas de prevención de riesgos. Esto no solo revela falta de presupuesto o capacidad técnica, sino una falta de interés para priorizar el derecho a la ciudad y a no inundarnos. Porque, al final, las ciudades no solo se planean desde los escritorios, también se habitan. Y mientras las mujeres sigamos siendo las primeras en resistir los impactos y las últimas en ser escuchadas, seguiremos lidiando con un modelo urbano excluyente, injusto y profundamente desigual, aunado a comentarios que no abonan ante las lluvias. Mejor pensemos en cómo hacer posible un modelo donde la planificación urbana deje de ser ciega al género y a la desigualdad, un modelo que coloque en el centro la vida, los cuidados, la participación y la justicia, a las mujeres, donde la ciudad deje de ser un privilegio, cuando es nuestro derecho.