ANÁLISIS EN CONTRASTE Por ÁNGEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ - Linea de Contraste

ANÁLISIS EN CONTRASTE Por ÁNGEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ

La Ley Nacional de Extinción de Dominio y sus Reservas

Con fecha nueve de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Extinción de Dominio,  reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonización con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; todas vinculatorias para el Estado Mexicano

Doctrinariamente por extinción de dominio se entiende como la facultad que tiene el estado de solicitar al órgano jurisdiccional que se aplique en su favor bienes cuyo dominio (derecho de propiedad) se declare extinto en la sentencia.

Normativamente en el artículo 3º de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se prescribe como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes que hace mención la ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes.

La jurisprudencia número 2008877 estatuye que la acción de extinción de dominio tiene por objeto privar del derecho de propiedad a una persona, respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la última reforma constitucional al artículo en cita, se actualiza en su párrafo cuarto, el catálogo de delitos (delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión).

La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, porque procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio independientemente de quien los tenga en su poder o los haya adquirido.

Ahora bien, el principio de presunción de inocencia no es aplicable al juicio relativo a la acción de extinción de dominio por la sencilla razón de que, en el tema de la responsabilidad penal del sujeto activo, es autónomo de la materia penal, cuenta vida que en aquel no se formule imputación al demandado por la comisión de un delito. Esto es, si bien la acción de extinción de dominio tiene su origen en la comisión de los delitos ya referidos, también lo es que su objeto no es sancionar penalmente al responsable en la comisión de dichos actos antisociales, sino resolver sobre la vinculación existente entre un determinado bien relacionado con actividades de un tipo criminal, con un hecho ilícito de las características anteriores, en todo caso, sin prejuzgar sobre la culpabilidad del autor o partícipe del mismo. No obstante lo anterior, el hecho de que el principio de presunción de inocencia no se considere extensivo al juicio de extinción de dominio al no tener por objeto juzgar penalmente a los responsables de la comisión de los delitos, no significa soslayar el respeto a la dignidad de los involucrados y el trato procesal imparcial, traducido en la satisfacción de su garantía de defensa adecuada en relación con su patrimonio, ni puede traducirse en posicionar de facto al posible afectado en una condición tal que sea él a quien corresponda demostrar la improcedencia de la acción, pues para tal efecto se parte de la presunción de buena fe y se distribuye la carga probatoria que corresponde a cada una de las partes. En consecuencia, si en el juicio de extinción de dominio no le son aplicables los principios del derecho penal por considerarse de naturaleza distinta, no por ello está exento de que se respeten las garantías mínimas previas al acto de privación de su propiedad como son las garantías de los procedimientos civiles, incluyendo a la presunción de buena fe, que es un principio general del derecho que está implícito en la Ley Fundamental, a fin de no dejar en estado de indefensión al posible afectado, ya que solo teniendo la oportunidad de desvirtuar los hechos concretos que se le imputen, podrá demostrar su buena fe.

Esta ley puede ser un referente para el combate a la corrupción, pero aún existen reservas, como son:

  • Amparos que cuestionarán su constitucionalidad;
  • Enajenación de bienes previo al dictado de la resolución definitiva;
  • No salvaguarda los derechos de terceros involucrados de buena fe en la acción de extinción de dominio;
  • Austeridad en las fiscalías y procuradurías;
  • Falta de autonomía de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil;
  • Duplicidad de funciones por parte de la fiscalía;
  • Prueba preconstituida por parte del Ministerio Público o Fiscalía y;
  • Confusión entre las figuras jurídicas: aseguramiento, decomiso y la acción de extinción de dominio.

Como corolario, es importante tomar en consideración los puntos citados para fortalecer la acción de extinción de dominio, porque no solo basta tener los instrumentos jurídicos, sino también los recursos humanos, técnicos, financieros y la voluntad política, para el combate de la corrupción e impunidad, que lancera a nuestra sociedad.

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