ANÁLISIS EN CONTRASTE Por EDGAR SALAZAR MACÍAS - Linea de Contraste

ANÁLISIS EN CONTRASTE Por EDGAR SALAZAR MACÍAS

Cuando los predios se venden

En algunas ocasiones el tiempo transcurre, y cuando te das cuenta te encuentras inmerso en un litigio en el que se reclama la venta ilegal e ilícita de un predio que formaba parte del patrimonio del Estado (en un sentido amplio, es decir, Federación, Estado o Municipio).

Para entender un poco más de este tema, resulta conveniente hacer una separación entre los tipos de predios que generalmente tiene el Estado:

  • En primer término tenemos los bienes de dominio privado, que son aquellos que no sirven a los fines del Estado, y que son susceptibles de ser comercializados, por ejemplo una casa, o un lote baldío, generalmente se determina por exclusión los predios que se considerarán de dominio privado.
  • Los bienes de dominio público son aquellos bienes que son aptos para el uso y aprovechamiento del Estado, y los poderes que lo conforman, o que cumplen con un fin público, por ejemplo los parques, que si bien no son de uso o aprovechamiento de los poderes del Estado, sí cumplen con un fin público como el esparcimiento y recreación de la ciudadanía.

Habiendo hecho esa diferenciación entre los tipos de bienes inmuebles que tiene el Estado, entendiendo la naturaleza de ambos tipos, se debe aclarar que los bienes de dominio privado son susceptibles de ser comercializados por su propia naturaleza; por su parte, los de dominio público, deben de seguir un proceso de desincorporación del patrimonio estatal.

Fijemos la atención en éstos segundos, los bienes de dominio público. Por su propia naturaleza no pueden ser comercializados, mientras que sigan siendo considerados legalmente de dominio público, debiendo existir un decreto para que cambien su régimen,  y puedan ser comercializados, sin embargo, en términos reales, no siempre se da esta situación.

Es muy común que se vendan predio propiedad del Estado, sin que se cumplan con los requisitos legales, por lo que se suelen vender a precios muy por debajo de los que el mercado establecería (véase el caso Quintana Roo), se emite un título de propiedad y se cumplen los trámites registrales, y hasta ahí todo parece legal, sin embargo, no hay que olvidar que, los bienes de dominio público sin inalienables, es decir, no pueden enajenarse a favor de un particular.

Ahora bien, ¿qué puede hacer el Estado ante esto?, para empezar se debe acreditar entre otras cosas, la nulidad de la operación de traslación de dominio, el daño patrimonial, y todo esto debe ir aparejado de la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en esa operación. Hay dos vías complementarias que el Estado puede utilizar para recuperar los bienes; dependiendo de la legislación (en materia local) pueden ejercerse acciones civiles y/o administrativas, a la par que se puede iniciar una denuncia en la vía penal. Es obvio que este tipo de litigio lleva un cierto tiempo y recursos, pero sin la acción del Estado, comprometido con la legalidad, se seguirán vendiendo predios de dominio público, sin que nadie haga nada al respecto, quedando en total impunidad.

TRES PUNTOS…

En días pasados se habló mucho que las Casas de la Cultura Jurídica en las entidades federativas cerrarían sus puertas. Personalmente sería un grave error que eso sucediera, porque hoy en día son de los medios más efectivos para capacitar a los abogados que no tienen la facilidad de trasladarse a la capital del país a recibir la capacitación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lugar de cerrarlas, se debe invertir más en capacitación para los abogados, porque la capacitación también dignifica nuestra profesión. Es cuanto.

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