Resumen

ANÁLISIS EN CONTRASTE Por MICHEL AHUACTZI

Cuatro años de incertidumbre

Se dice que para ingresar a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no era suficiente acreditar el examen de admisión que aplica la Secretaría de Educación de Guerrero, sino que también había que aprobar la “semana de adaptación” o popularmente denominada “novatada” diseñada por el Comité de Orientación Política e Ideológica, que a su vez rinde cuentas a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Como en otras instituciones de educación superior, a los alumnos de nuevo ingreso se les apodaba “pelones” pues eran rapados por los alumnos más avanzados que también cometían vejaciones contra ellos con orina, excremento y desperdicios variados; los ponían a hacer ejercicios extenuantes durante la madrugada sin dejarlos dormir, comer, ni tomar agua. Al menos esas versiones se manejaban hasta el año 2014, actualmente se desconoce si continúe esa práctica que desde luego era tolerada por las autoridades educativas. Los “pelones” también debían dirigirse a la terminal de autobuses de la capital para apoderarse de autobuses y conducirlos hacia los puestos de peaje de la autopista que conecta a la Ciudad de México con Acapulco, bloquear los carriles, pedir cooperación “para la causa”, gritar consignas y hacer destrozos.

En el año 2011, durante uno de los bloqueos un grupo de jóvenes (que tal vez sí o tal vez no eran estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pues es sabido que en las manifestaciones a veces se infiltran personas que nada tienen que ver con los participantes originales) incendiaron una gasolinera en la que murió quemado vivo Gonzalo Rivas Cámara, quien en un acto de heroísmo cerró cuantos ductos de gasolina pudo para evitar una tragedia mayor, videos de dicha ocasión fueron transmitidos en los noticieros de cadena nacional.

Algunos alumnos de nuevo ingreso del año 2012 se negaron a someterse a la “semana de adiestramiento” y presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de acuerdo a periódicos de aquella entidad, en represalia: dichos alumnos no fueron admitidos.

Se dice que en el año 2014 los “pelones” recibieron la indicación de apoderarse de autobuses e ir a Iguala para arruinar el Informe de Labores de la esposa del Alcalde, Presidenta del DIF Municipal, evento que representaría su lanzamiento oficial como candidata a la Presidencia Municipal para el siguiente periodo.

De acuerdo a información difundida por el Gobierno de la Federación: el Presidente Municipal de Iguala y su esposa eran cabezas del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, y los actos de los alumnos fueron interpretados como un ataque del grupo rival “Los Rojos”; motivos por los cuales se les atacó. Es aquí donde comienza la denominada “verdad histórica” autoría de la recurrentemente ineficaz Procuraduría General de la República, que señala que los estudiantes fueron detenidos por la Policía Municipal para ser entregados a “Guerreros Unidos” quienes a su vez les dieron muerte e incineraron los cuerpos en el basurero de Cocula.

Dicha verdad histórica ha sido tachada de incongruente, pues de acuerdo a un grupo interdisciplinario de peritos que tuvo que intervenir: no hay indicios de que en el basurero hubiere ocurrido un incendio de la magnitud descrita por el Procurador, además el Sistema Meteorológico Nacional reporta que en esos días hubo precipitación pluvial.

El entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam difundió lo que denominó como “verdad histórica” basándose principalmente en declaraciones de las personas que fueron aprehendidas, sin embargo, con el paso del tiempo algunas declaraciones fueron quedando sin valor jurídico pues quedó demostrado que fueron obtenidas mediante tortura, incluso se dice que hay declaraciones en el sentido de que la misma localización de una bolsa de basura con huesos de un alumno en el Río San Juan fue un montaje. Y así un sinfín de irregularidades y contradicciones que han sido ocasionadas por la Procuraduría General de la República, lo que ha orillado a los padres y a un buen sector de la sociedad a afirmar que la tragedia de los estudiantes  se trató de un crimen de Estado.

El pasado jueves 20 de septiembre del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió por unanimidad de votos que existe sustento constitucional, de convencionalidad y legal para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa. Dicha sentencia puede ser impugnada (cabe mencionar que en su momento la PGR interpuso un incidente de imposibilidad real, jurídica y material para la creación de dicha Comisión), por lo que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que la confirmaría o revocaría. En caso de que quede firme: se desea a dicha Comisión el mayor éxito para poder componer el desastre dejado por las autoridades que han intervenido en el caso, y que los padres de los estudiantes que en días pasados hubieran tenido su ceremonia de graduación tengan la respuesta que han buscado después de exactamente cuatro años de incertidumbre.

 

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