Resumen

AQUÍ TLAXCALA…Por FERNANDO CUAMATZI

Fernando Cuamatzi habla esta semana sobre la reunión internacional de guías de turistas que se celebra en Tlaxcala y el enorme potencial que tiene en este rubro la entidad

Nuevo Procurador

Una de las premisas del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021 es fortalecer la procuración de justicia estatal para consolidar el Sistema Penal Acusatorio de forma efectiva.

Para ello, se establecen como estrategias: profesionalizar a la policía y personal ministerial en la operación del Sistema Penal Acusatorio, fortalecer institucionalmente la Procuraduría para dotarla de recursos suficientes para desempeñar su labor, y mejorar la atención a la ciudadanía.

También, fortalecer la coordinación con agencias de seguridad pública e instituciones de procuración de justicia federales y estatales, establecer esquemas institucionales para propiciar conductas éticas, y combatir delitos de alto impacto.

Es en este contexto que cobra relevancia la decisión que el Congreso del Estado habrá de tomar respecto a la terna que el Ejecutivo del Estado envió la semana pasada para elegir al próximo Procurador General de Justicia.

La propuesta remitida se conforma por Rocío Bautista Hernández, Miguel Nava Xochitiotzi y José Aarón Pérez Carro, profesionales del Derecho, originarios de Tlaxcala, que cumplen con los requisitos que señala la ley.

Rocío Bautista Hernández es abogada postulante, egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y ha trabajado como auxiliar del Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo y Zaragoza, y auxiliar del Secretario del Juzgado de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe.

Por su parte, Miguel Nava Xochitiotzi ha sido Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretario General del Tribunal Electoral de Tlaxcala, y jefe del Departamento Jurídico de la Junta Local del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), entre otros cargos.

Finalmente, José Aarón Pérez cuenta con estudios concluidos de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la UAT; y con una amplia carrera al interior de la Procuraduría General de la República (PGR).

Evidentemente, Pérez Carro cuenta con una trayectoria más amplia. Una nota de El Universal, de diciembre de 2015, cuando fue nombrado por el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, titular de la investigación para el caso Iguala, destaca que inició su carrera en 1998 como agente del Ministerio Público de la Federación, fiscal ejecutivo asistente, fiscal ejecutivo adjunto y fiscal ejecutivo titular, y que “su destacado trabajo lo llevó a tomar la Subdirección de Amparo, y luego fue el director de Control de Procesos”.

“Dentro de la PGR fungió como director general Adjunto de Procesos y Amparo; director general de Procesos y Amparo. Antes de ser nombrado el encargado de la investigación de la desaparición de los normalistas se desempeñó como secretario técnico del Subprocurador de Derechos Humanos”, precisa el texto.

De acuerdo con versiones oficiales, José Aarón Pérez Carro dejó de ser el fiscal para el caso Iguala por motivos de salud, como lo indicó la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, al anunciar el arribo de Alfredo Higuera Bernal a dicha oficina de investigación.

Sin duda, los diputados locales habrán de hacer un análisis cuidadoso para nombrar al nuevo responsable de la PGJE, a efecto de cumplir con las líneas de acción del PED.

Confiemos en que su decisión se base, justamente, en la necesidad de elegir al mejor perfil que asegure una adecuada procuración de justicia en la entidad.

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