AQUÍ TLAXCALA...Por FERNANDO CUAMATZI - Linea de Contraste

AQUÍ TLAXCALA…Por FERNANDO CUAMATZI

UNA OPOSICIÓN PREOCUPADA

En el PAN se empieza a generar preocupación, y sus aliados lo perciben, porque su candidato presidencial, Ricardo Anaya, batalla para explicar operaciones inmobiliarias y a nadie convence.

El pasado domingo, representantes del PAN, PRD y PAC en la entidad se reunieron -cual evento de campaña- para cerrar filas en torno al abanderado de la coalición Por México al Frente.

Siguiendo la línea nacional, acusaron una campaña de Estado para afectar la imagen de Anaya, el uso de instituciones para denostarlo ante su crecimiento electoral, pero lo cierto es que ni uno de los presentes en la sede estatal del blanquiazul se ocupó siquiera en tratar de aclarar las acusaciones sobre él.

Ni el tema del lavado de dinero, ni la fundación dedicada a construir inmuebles, ni propiedades al margen de la ley. Ni uno justificó nada.

Fue un acto de ataques basados en meras conjeturas, en conveniencias políticas.

Precisamente, ante la falta de argumentos, de respuesta a la ciudadanía, a los del Frente no les ha quedado más remedio que cuestionar la vida de servicio y trayectoria del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña.

Y uno de estos cuestionamientos estriba, precisamente, en los resultados de una auditoría realizada al Programa de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo social (Sedesol), dependencia de la cual, como se sabe, fue titular Meade Kuribreña.

Lo que no dicen los del Frente es que, a diferencia de Anaya, que cae en enredos y contradicciones, el entonces titular de la Sedesol aplicó medidas que derivaron en suspensiones a servidores públicos, es decir, no hubo impunidad ante anomalías detectadas.

En un comunicado de fecha 9 de diciembre de 2016, la Sedesol informó que más de 400 empleados de la dependencia fueron suspendidos y separados de sus encargos, como resultado de una fiscalización solicitada por el propio Meade durante su gestión, información que fue corroborada posteriormente por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Además, diversos procesos administrativos se encuentran en proceso de desahogo, justamente, porque José Antonio Meade los solicitó, de modo que los señalamientos de sus detractores, sobre presuntos desvíos y malos manejos en la Sedesol, carecen de sustento legal, que es lo que al final importa, porque puede decir que no se le investiga por delito alguno.

En cualquier caso, las observaciones arrojadas en una auditoría tienen responsables, de modo que, a juicio del ente fiscalizador, se emprenden las acciones correctivas que correspondan, sean administrativas o penales.

Naturalmente, los panistas tratan de desviar la atención respecto a las graves acusaciones que pesan sobre Anaya que, a fuerza de presentarse como un perseguido político, tiende cortinas de humo para ocultar que se habría beneficiado de un esquema de lavado de dinero, mediante el uso de empresas fantasma que le generaron ganancias por 54 millones de pesos.

En cambio, los priistas no tienen que defender ni el patrimonio ni el estilo de vida de José Antonio Meade, quien puede ver a los ojos a la gente, y presumir los frutos de su trabajo a lo largo de 20 años como servidor público. A ellos les queda propalar su preparación, su experiencia y sus resultados.

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