Resumen

AQUÍ TLAXCALA…Por FERNANDO CUAMATZI

Fernando Cuamatzi habla esta semana sobre la reunión internacional de guías de turistas que se celebra en Tlaxcala y el enorme potencial que tiene en este rubro la entidad

Sistema Estatal Anticorrupción 

Un análisis elaborado por la organización “Transparencia Mexicana”, abocada a la atención del fenómeno de la corrupción en el país, presentó a finales de mayo un diagnóstico en torno al mandato constitucional por el que todas las entidades del país deben contar con un Sistema Local Anticorrupción (SLA), cuyo plazo vence el próximo 18 de julio.

De acuerdo a este estudio, son 13 los estados que aún no tienen siquiera presentada una iniciativa de ley como primer paso para contar con un sistema local que abra procesos similares a los que vemos en el ámbito federal, que establecen responsabilidades administrativas para quienes incurren en actos de corrupción.

Se trata de Baja California, Campeche, la Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, que aún no han creado sus leyes.

A fin de allanar el camino para que la entidad cuente dentro de los plazos constitucionales su Sistema Local Anticorrupción (SLA), el Gobernador Marco Mena envió la semana pasada al Poder Legislativo una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Constitución Política local, en materia de anticorrupción.

De este modo, el Ejecutivo estatal hace su contribución, a efecto de nutrir el trabajo que se realiza en torno a este tema en el Congreso local, con una propuesta muy completa para concretar la reforma constitucional que requiere el SLA.

Marco Mena plantea que el Sistema Estatal Anticorrupción cuente, no solo con un Comité Coordinador en el que participen autoridades estatales y municipales, sino también un Comité de Participación Ciudadana.

Así, gobierno y ciudadanía estarán involucrados en la prevención y detección de actos de corrupción dentro de la administración pública, al igual que en la fiscalización y control de recursos del erario, a efecto de sancionar las faltas en que incurran los servidores públicos, quienes tendrán la obligación de presentar su declaración patrimonial y de interés.

Y para evitar la impunidad, la prescripción de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuando se trate de faltas no graves, sería de tres años, y tratándose de faltas graves o particulares, de siete años.

Por otra parte, se contempla la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, dependiente del Poder Judicial, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y que estará integrado por tres magistrados.

Ciertamente, el objetivo de la iniciativa del Ejecutivo no es únicamente armonizar la Constitución local con la federal, sino hacer que Tlaxcala tenga una herramienta útil para inhibir la corrupción y la impunidad, involucrando a la ciudadanía en la toma de decisiones para alcanzar gobernanza.

En efecto, los legisladores locales tienen en sus manos otra posibilidad que debe considerarse seriamente en el ánimo de que el estado cumpla con sus nuevos deberes constitucionales.

Por fortuna, hay condiciones para integrar una propuesta de dictamen final que incorpore los mejores elementos para implementar un efectivo sistema estatal anticorrupción, y lo importante es que tanto el Gobernador como los integrantes de la actual Legislatura local, incluso organizaciones de la sociedad civil, coinciden en la necesidad de sacar adelante este pendiente, para brindar al estado un marco normativo acorde a sus necesidades, y por supuesto, a los parámetros federales. 

">