Resumen

Clausura PROFEPA planta de tratamiento de aguas residuales de CIX I

Por no contar con permiso de descarga al río Atoyac y representar un inminente daño al ambiente.

Tlaxcala, Tlax, a 05 de mayo de 2017 (Gerardo Santillán).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), clausuró de manera “total temporal” la planta de tratamiento de aguas residuales del corredor de la Ciudad Industrial Xicoténcatl I (CIX I), ubicada en el municipio de Tetla, debido a que vertía sus aguas a un afluente del río Atoyac y como medida de seguridad que prevalecerá hasta que se cumplan con las acciones correctivas.

La dependencia federal constató que la CIX I no contaba con permiso de descarga para aguas residuales en contraposición a la Ley de Aguas Nacionales. La autorización es otorgada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y permite descargar en forma permanente o intermitente al afluente del río Atoyac – Zahuapan.

De acuerdo con la información oficial de la PROFEPA, su personal llevó a cabo acciones de vigilancia al cumplimiento de la legislación ambiental en la Cuenca del Río Atoyac que cruza los estados de Puebla y Tlaxcala, por lo que confirmó que se estaba violando el artículo 121 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y en los artículos 14 Bis 4, 88 y 88 Bis fracción I, de la Ley de Aguas Nacionales (LAN).

Ante ello, se clausuró temporalmente la descarga por no cumplir con la normatividad ambiental vigente y por representar un riesgo inminente de daño y deterioro a los recursos naturales.

Es importante mencionar que la Planta de Tratamiento presta servicio a diversas empresas que se encuentran instaladas en el parque industrial CIX I, mismas que  vierten sus aguas a sistemas de conducción que las lleva a dicha planta y, una vez tratadas, deben cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en las condiciones particulares de descarga ordenados en el permiso correspondiente.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dentro de sus atribuciones, está facultada para imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo que la clausura prevalecerá hasta en tanto la PTAR cumpla con las medidas correctivas que le fueron ordenadas.

La violación a los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente estipula que las personas físicas o morales que no cumplan, podrán ser sancionadas administrativamente con una multa que va de los 30 a los 50 mil días al momento de imponer la sanción el valor diario de la unidad de medida y actualización; la clausura temporal o definitiva del lugar, así como la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.