Resumen

CONSPIRANDO Por HOMERO MENESES HERNÁNDEZ

En su columna Conspirando, Homero Meneses nos habla sobre el infiero electoral de este 2018

¿Y los 150 millones de pesos?

La disputa entre los gobiernos de Chihuahua y Federal apenas empieza. No creo que haya concluido con los 900 MDP que el gobierno de Peña Nieto entregará a Javier Corral. Me parece que una vez más, Corral dicta agenda nacional y posiciona un tema de la mayor relevancia para el combate a la corrupción en México.

El debate de fondo no está en la entrega de 900 millones de pesos o en la extradición del gobernador priista Cesar Duarte, ni siquiera en la entrega de Alejandro Gutiérrez, exsecretario priista acusado de desvíos millonarios a favor de las campañas del PRI; si bien es cierto que los temas son de relevancia nacional para abatir la impunidad, también es verdad que lo relevante se encuentra en la prevención del delito. Explico, la triangulación que realizó Hacienda-PRI-Chihuahua, con Videgaray-Beltrones-Cesar Duarte, es una constante en los gobiernos emanados del PRI y es posible gracias al pacto de impunidad que navega en la discrecionalidad que aún impera en la asignación de recursos federales vía Ramo 23 y otros ramos que son asignados según intereses y pactos del gobierno federal con sus gobiernos a fines. Ese pacto de impunidad quedo evidenciado gracias a la investigación que impulsó el gobernador Javier Corral en Chihuahua, pues la fiscalía de aquél estado demostró y documentó el modus operandi de esas triangulaciones. El reto radica en modificar el marco legal, para imponer -vía el presupuesto de egresos- mayores controles en la asignación de recursos a los estados y municipios, se trata de prevenir, más que de sancionar. El debate que viene podría impulsar una reforma de gran calado para el control del dinero de todos los mexicanos.

El actual esquema de distribución del recurso público es tan perverso que, a tiempo que aumentó el monto para cada estado de la federación también construyó un andamiaje discreto y eficiente para premiar o castigar a los gobernadores, engolosinándolos con dinero creciente para sus “proyectos” dependiendo de su apoyo al sistema.

Ese esquema se repite aún con el triunfo de la Marcha por la Dignidad de Chihuahua encabezada por Corral. El ejemplo está en Tlaxcala, el gobierno de nuestro estado también fue afectado por la supuesta insuficiencia presupuestal de finales del 2017, nuestro estado dejo de percibir 150 millones de pesos ya comprometidos (El Economista 14/01/18 en https://goo.gl/ugGQLG). Aquí, Marco Mena no tocó ni con el pétalo de un reclamo al gobierno de Peña Nieto (imagínense la osadía), por el contrario, guardó un silencio sepulcral similar al que adoptó el gobierno de Zacatecas (ambos priistas). Ahora que Chihuahua recibe sus 900 millones, Tlaxcala no reclama sus 150 MDP y tampoco lo hace Zacatecas con sus 189 MDP ¿Por qué? El silencio se explica en la continuidad del pacto de impunidad y la aspiración sumisa de agradar al gobierno federal y ser recompensado en el futuro en términos personales, esa es la lógica del gobernador Marco Mena y no una que beneficie a los tlaxcaltecas con recursos crecientes. Tan es así que por primera vez en 7 años en Tlaxcala se realiza un ajuste presupuestal a la baja por 45 MDP, eso, antes que exigir al gobierno federal recursos para Tlaxcala.

El nuevo debate todos debemos impulsarlo, hay que acabar con impunida sí, pero también hay que impulsar la prevención con mecanismos transparentes y controlados en la asignación de recursos a los estados y municipios. Terminar con la discrecionalidad ya.

De por ahí…             

Mis dos lectores extrañaron estas líneas, aunque sólo uno de ellos me lo hizo saber. Aquí estamos en tanto se me permita estar.

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