Resumen

DEJAD QUE LADREN LOS PERROS Por ALBERTO AMARO CORONA

El diputado local Alberto Amaro Corona aprovecha su columna para hablar sobre los tiempos legislativos

Participación Ciudadanía y Protección de nuestra casa común

La participación de la ciudadanía es esencial para la protección de la tierra, la casa común de todos; en otras palabras, el objetivo debe ser garantizar el trabajo y la toma de decisiones informadas, integrales y, sobretodo, unificadas, dando una legislación que las facilite y, a la par, se implementen políticas públicas y acciones concretas que nos permitan vivir en un medio ambiente sano, con mejor calidad de vida. Se trata de un objetivo sin dudas ambicioso, pero posible, si logramos comprometernos en esta causa de presente y de futuro.

El del involucramiento de la ciudadanía en las decisiones, no es un tema nuevo, pues desde la segunda mitad del siglo pasado, los temas ambientales cobraron relevancia en la toma de decisiones hasta el punto de encontrarse actualmente en un lugar importante dentro de  la agenda pública.

En la década de los ochenta empezamos a ver y sentir los efectos del deterioro ambiental, al percibir el grave debilitamiento de los mantos acuíferos por la contaminación, así como la consecuente extinción de diversas especies acuáticas. Esto generó la proliferación de organizaciones civiles, incrementado nuestra conciencia colectiva relacionada a la responsabilidad y efecto de nuestras acciones, hasta la evidente incapacidad de los que han presidido el poder para afrontar los desafíos en el tema.

No es de extrañarse, sino de aplaudirse el desembarazo de apatía e inacción de nuestra ciudadanía; más aún, es nuestra mejor oportunidad y, si se le quiere llamar así, excusa para analizar, planear, desarrollar y actuar, colaborando como actores políticos con la sociedad civil que representamos la que, ansiosa y dispuesta, comienza a despertar dentro de nuestro estado para colaborar.

Más de medio año ha pasado desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó que el derecho a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación del río Atoyac-Zahuapan en nuestro estado y el estado vecino de Puebla, es un derecho humano por el que exhorta a todos los niveles de gobierno, en particular a ambos gobiernos estatales, para celebrar convenios de colaboración y cooperación técnica, no sólo con las instituciones de gobierno y la industria, también con organizaciones de la sociedad civil, a efecto de detener la contaminación del Zahuapan-Atoyac y buscar la forma de su saneamiento..

Lamentablemente no se han materializado estas recomendaciones; es preciso  dejar de temer a la sociedad civil organizada, pues en ésta encontraremos espacios desde donde resulta posible activar a la ciudadanía, desarrollar los valores de la democracia, legitimar y hacer posibles las políticas públicas, tanto en medio ambiente, como en los temas prioritarios para nuestro estado.

No se puede hablar de proteger al medio ambiente si no se incluye y se dota a los ciudadanos de instrumentos jurídicos y políticos que les permitan vigilar la actuación del Estado, castigar a quienes dañan el medio ambiente y promover una cultura sustentable que detenga el daño ambiental voraz y el abuso que los hombres hemos hecho sobre la casa común.

En este sentido, hoy estaré presentando la Iniciativa de reformas a la Ley de Ecología y Protección al Ambiente de Tlaxcala, donde se propone crear Consejos de Participación Ciudadana, tanto a nivel estatal como en cada municipio, a los que las diversas autoridades estatales y municipales les deberán informar de las acciones que han o van a implementar para recuperar y proteger el medio ambiente, de tal manera que dichos Consejos se conviertan en los primeros fiscalizadores de la actuación de nuestras autoridades para exigir a éstas el pleno cumplimiento de sus responsabilidades.

¡Empoderemos a la sociedad civil!

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