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En agosto funcionará Centro de Justicia para Mujeres

Las mujeres del estado podrán recibir orientación psicológica y atención médica entre algunos otros servicios, en el Centro de Justicia para Mujeres.

Tlaxcala, Tlax, a 13 de junio de 2017 (Marco González).- La encargada de la política interna del Estado, Anabel Alvarado Varela, anunció este martes que en agosto próximo comenzará a funcionar el Centro de Justicia para Mujeres, que servirá para atender las problemáticas que enfrentan las integrantes de ese sector social.

Después del aniversario luctuoso del ex Gobernador Emilio Sánchez Piedras, la Secretaria de Gobierno afirmó que ese tipo de acciones forman parte de las estrategias que ha emprendido el Gobierno del Estado para atender las recomendaciones de la Conavim sobre la alerta de género que emitió para el estado.

Derivado de los diagnósticos levantados para la atención de esa alerta de género,  reconoció que los servidores públicos del estado necesitan más capacitación y sensibilización para atender y transformar en el corto, mediano y largo plazo, las conductas que permitan ofrecer una atención de calidad.

Dijo que hay un “diagnóstico documental que arroja la problemática que existe en el Estado y en el corte que tenemos que dar para generar una conciencia que permitirá transformar los ilícitos en el estado”.

El Centro de Justicia para Mujeres que estará cerca de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tendrá personas especializadas para brindar atención médica orientación psicológica y trabajadores sociales, por mencionar algunos de los servicios que ofrecerá a las mujeres.

Señaló que el Estado ha hecho todo lo posible para atender los 54 indicadores que realizó la Conavim para atender la alerta de género, por esa razón, afirmó que los avances son importantes en esa materia.

Por otra parte, desechó las versiones que existen sobre la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso de designación del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues afirmó que esa es una decisión única y exclusiva del Congreso del Estado.

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