En vigor Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas - Linea de Contraste

En vigor Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas

Fue publicado por el Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado.

Tlaxcala, Tlax, a 11 de marzo de 2020 (Gerardo Santillán).- El Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Tlaxcala, entró en vigor el pasado 3 de marzo, luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El 12 de julio de 2017 se expidió la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas para el Estado, así como de Protección y Asistencia a las Víctimas, cuyos objetivos son establecer las bases para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas, así como establecer mecanismos institucionales de reparación integral del daño a las víctimas, ofendidos y testigos de ese delito.

Todo ello para tutelar la vida, dignidad, libertad y seguridad de los habitantes del Estado, pero le faltaba contar con un Reglamento con las medidas y mecanismos para proteger y asistir a las víctimas, el procedimiento para la reparación del daño, las atribuciones del Consejo Estatal contra la Trata, así como la regulación de sus sesiones y el funcionamiento del Fondo.

Con 44 artículos, el Reglamento contempla la operación de refugios para víctimas, criterios para la reparación del daño, creación del programa estatal para combatir la trata de personas, las responsabilidades de las diferentes entidades o dependencias involucradas, la coadyuvancia de especialistas externos, la atención médica integral, el resguardo de la identidad, programas de reinserción social de las víctimas, entre otros tantos aspectos.

En suma, dicho Reglamento proveerá la exacta observancia de la Ley en la materia, la asistencia y protección de las víctimas, a partir de lo cual se elaborarán mecanismos de coordinación institucionales que integran la administración pública estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Se contempla la participación, entre otras, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el DIF estatal, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Secretaría de Salud (SESA), Secretaría de Turismo (SECTURE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).