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Piden al Congreso iniciar controversia constitucional contra regulación de plataformas

Integrantes del Consejo Estatal del Transporte de Tlaxcala, reclaman que la regulación del Ejecutivo es ilegal

Tlaxcala, Tlax; 21 de junio de 2019 (Gamaliel Jiménez).- Integrantes del Consejo Estatal del Transporte del Estado de Tlaxcala, solicitaron al Congreso del Estado, iniciar un proceso de controversia constitucional, en contra de los acuerdos avalados por el Poder Ejecutivo, en el que se dio apertura a la regulación y registro de las plataforma digitales de transporte, al considerar que estos ordenamientos están fuera de la legalidad.

Mediante oficio los representantes José Inés Armando Corte Saldaña, Valentín Meléndez Tecuapacho, Carlos Ahuactzin Montiel, Reynaldo Delgado Pérez, señalaron a los congresistas locales que los publicados por el Gobierno del Estado en el Periódico Oficial, de fechas 23 y 29 de mayo y 4 de junio, generan conflictos de constitucionalidad y de legalidad.

Lo anterior, ya que señalaron que el Ejecutivo local carece de facultades para derogar leyes, ya que la competencia es de esfera legislativa.

Y es que los acuerdos referidos, modifican de manera sustancial figuras jurídicas, sin que exista una legislación previa que regule la existencia de servicios mediante plataformas digitales, sin antes haberse observado un proceso legislativo o alguna reforma a la Ley en la materia, que contemple estas figuras y su reglamentación.

Lo anterior, luego de que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), modificó los acuerdos y decretos en los que da pie a la regulación de las plataformas digitales, únicamente para el uso de los concesionarios del transporte público en su modalidad de taxi; además de que abrió un proceso de registro para estas empresas que ofrecen el servicio a fin de regular su operación.

Sin embargo, dado los aspectos señalados, los representantes de dicha organización transportista, solicitaron al Congreso del Estado, iniciar un proceso de Controversia Constitucional ante el Poder Judicial de la Federación, para revertir los efectos de estos acuerdos que han entrado en vigor desde el mes de mayo pasado.

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