SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

Crítica y descalificación

En la disputa que se avecina por ganar la gubernatura del estado, la que apenas asoma con la selección de candidaturas en partidos y coaliciones, se vislumbra algo a lo que todos los actores políticos deben tener cuidado: la descalificación a los órganos electorales.

La crítica, siempre bienvenida, favorece la reflexión y abre perspectivas de mejoramiento a lo que se realiza. Por eso es bueno que los gobernantes la acepten como parte de un sistema político democrático del que ellos mismos surgen. La descalificación, sin embargo, no construye y siempre sirve para crear desconfianza y deslegitimación.

En materia electoral, lamentablemente, eso es lo que ha hecho el presidente Andrés López Obrador con los órganos electorales. Sus presiones han hecho mella en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral de la Federación (TEPJF), cuya Sala Superior se encuentra desacreditada por sus propias actuaciones debido a un sesgo en sus resoluciones a favor del Ejecutivo y sus cercanos. Ahí están, como ejemplo relevante, sus sentencias con respecto a la creación de nuevos partidos políticos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) también ha estado dentro de su agenda, descalificándolo cuando se le atraviesa en su objetivo de ganar protagonismo a favor suyo y de su partido de cara a la jornada electoral del próximo seis de junio. El ejemplo más reciente de ello fue en enero, cuando ambos chocaron por la suspensión de la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del presidente durante las campañas.

A raíz de esa determinación, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentaron recursos de impugnación ante el TEPJF, inconformes porque el INE ordenó a López Obrador no hablar sobre el ejercicio de prerrogativas, la vida interna y candidaturas de partidos en el actual proceso electoral. Ya veremos cómo resuelve un órgano jurisdiccional acotado por las presiones.

Lo preocupante de todo esto es que el discurso de confrontación constante en la boca del presidente de la República baje a las entidades federativas, en el marco del actual proceso electoral. Se esperaría que ese tipo de discurso se presente entre los contrincantes a los diferentes cargos de elección que estarán en disputa, pero cuando suba el siguiente escalón y se convierta en descalificación, ya deberá ser motivo de preocupación.

De hecho, debe serlo desde ahora porque conforme se acerque la jornada electoral y las encuestas perfilen ganadores o anticipen una disputa cerrada en las urnas, como en el caso de Tlaxcala, la descalificación no será exclusiva de entre quienes buscan un cargo de elección popular.

Ya hay asomo de descalificaciones contra los órganos electorales, señaladamente contra el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), y seguramente las habrá también contra el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) conforme se presenten las impugnaciones, sobre todo conocidos los resultados electorales del seis de junio. Pero vale la precisión: ello no equivale a coincidir siempre con los acuerdos y las resoluciones de esas instituciones. La crítica debe estar presente para con ambas y con cada uno de sus integrantes.

Por lo pronto, habrá que estar atentos a abonar para evitar la descalificación y desinhibirla en este proceso electoral, sobre todo porque afectará a todos, incluidos a quienes las realizan y en un futuro puedan ser, ellos mismos, autoridad. Una autoridad deslegitimada a nadie conviene y no abona a la gobernabilidad.

Lineazo: Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante las campañas electorales de este año, suspenderá los programas sociales y todos los apoyos que se entregan a ciertos sectores de la población, con el propósito de que no sean utilizados por el gobierno con fines político-electorales.

Pero al anuncio siguió la advertencia, pues consideró que los mexicanos debían aprovechar hoy los programas sociales de la Cuarta Transformación porque nadie sabe qué pasará si llegan otras políticas y desaparecen los apoyos. Este discurso, en plena gira de trabajo tras su regreso después de la cuarentena, no puede sino interpretarse como un llamado a votar por los abanderados que él respaldará en el actual proceso electoral.

Por otra parte, respecto de la suspensión de los programas sociales, en realidad no tendría por qué hacerlo si la ley no se lo prohíbe. El artículo 41 constitucional establece con claridad que “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público”.

Las excepciones, como se sabe, son “las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.