SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ - Linea de Contraste

SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

Transportistas y elecciones

La iniciativa del diputado morenista Miguel Piedras Díaz para reformar la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, es fiel reflejo de cómo se maneja la clase política en nuestro país. Muchos funcionarios federales, estatales y municipales aprovechan el cargo para enriquecerse o, al menos, para beneficiarse a sí mismos o a sus respectivas familias.

Es el caso de Piedras Díaz, quien aprovechando la coyuntura y el cargo que ostenta en la actual Legislatura local, introduce una iniciativa que a él le beneficiaría directamente al poner obstáculos a la competencia de lo que se dedica como parte de sus actividades cotidianas.

Al ser él un concesionario del transporte público, tiene un clarísimo conflicto de interés que bien haría la Legislatura en parar en seco. Pero no lo hará. Hay antecedentes que hacen suponer que sus compañeros de bancada, y otras más como la perredista, le dejarán proponer y hacer a sus anchas. Solo hay que recordar el caso del ex alcalde de San Damián Texóloc, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien desde su curul oculta lo más posible las irregularidades financieras de su madre en el ayuntamiento que él encabezó.

Maribel Cervantes Hernández, presidenta municipal de Texóloc, tiene observaciones financieras por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), por más de 10 millones de pesos, sin embargo, las irregularidades no fueron impedimento para que su cuenta pública 2018 fuera aprobada por el Congreso del estado.

Sucedió un caso similar en la pasada Legislatura local, cuando el diputado Mariano González Aguirre defendió y movió todas sus influencias para que la cuenta pública de su padre, el ex gobernador Mariano González Zarur, fuera aprobada.

Considerando tales antecedentes, es improbable que la iniciativa del diputado Miguel Piedras Díaz sea enviada a la congeladora por ser parte de un claro conflicto de interés.

El único dique que tendría una ley que prohibiera la competencia, como es la que propone el diputado, es el veto del Ejecutivo, como lo ha hecho antaño con otros ordenamientos aprobados por la actual Legislatura local.

El probable veto lo hace suponer no sólo la falta de competencia que habría en el sector del transporte público en detrimento del usuario, sino también la reciente iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso del estado, referente al paquete económico para el ejercicio fiscal 2020. Y es que dentro de los criterios de política económica del estado de Tlaxcala, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez prevé el cobro por los derechos causados por la operación y/o administración de aplicaciones y plataformas informáticas en la prestación del servicio privado de transporte con chofer.

Esa posibilidad de cobro representa un recurso adicional para las arcas gubernamentales, hoy necesitadas de mayores recursos. Pero eso no parecen verlo en la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde prefieren trabajar a favor de clientelas electorales de cara a las elecciones de 2021.

No hay que ir muy lejos, en los comicios locales de 2016, los líderes transportistas en el estado apostaron al triunfo de la entonces candidata perredista Lorena Cuéllar Cisneros, y trabajaron por ello. No lo lograron. Hoy, ante la proximidad de un nuevo proceso electoral, es clara su intención de apoyar a Morena, ante un gobierno que desde el sexenio pasado no les ha dado lo que desean.

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