SIN LINEA Por HORACIO GONZÁLEZ
Órganos jurisdiccionales, su rezago en lo digital
La pandemia del coronavirus dejó desnudas las carencias de muchas instituciones. Desde aquellas de salud, porque puso aún más al descubierto la falta de medicamentos e insumos para quienes desde los hospitales enfrentan a las personas enfermas, hasta el sector educativo, que ha tenido que lidiar con un rezago en materia tecnológica no sólo desde sus entrañas, sino de miles de familias donde niños y niñas enfrentaron y enfrentan la imposibilidad de continuar sus estudios en casa por no contar con internet.
Las instituciones encargadas de lo jurisdiccional también se han visto superadas. Por ejemplo, el enorme rezago que el Poder Judicial ya tenía se ha agravado y su opacidad se ha acrecentado. Si antes se sabía poco de las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, ahora menos.
Todos los recursos económicos que en el pasado llegaron al Poder Judicial, vía ajustes trimestrales o incluso aumentos presupuestales, se esfumaron para llenar bolsillos de magistrados y consejeros. Poco o nada se invirtió en nuevos equipos de cómputo en los juzgados y para entrar a la nueva era tecnológica. Es la hora, que ni siquiera cuenta con estrados electrónicos.
En otras entidades federativas los poderes judiciales llevan mucha delantera al de Tlaxcala. En la Ciudad de México, por ejemplo, ante el problema de la pandemia su Consejo de la Judicatura emitió en mayo un acuerdo general en el que se aprobaron una serie de lineamientos para el uso de firma, sello y documentos electrónicos, ante las Salas y Juzgados en materia civil y familiar. Ese acuerdo estuvo dirigido a órganos jurisdiccionales, áreas de apoyo judicial y administrativas del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, así como a litigantes y público en general.
Con ello, las personas usuarias, es decir, justiciables, representantes legales, abogados y cualquier persona puede hacer uso de su firma electrónica en un documento para la substanciación de un procedimiento judicial.
En pocas palabras, para la sustanciación de cualquier procedimiento legal se puede hacer uso de la firma electrónica, la e.firma (firma electrónica certificada por el Servicio de Administración Tributaria) o Firel (firma electrónica certificada por el Poder Judicial de la Federación) con la misma validez que la firma autógrafa.
Nada de eso hay en el Poder Judicial de Tlaxcala, sin embargo, otros órganos jurisdiccionales ya trabajan desde hace meses en ese sentido. Es el caso del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), donde no sólo sí existen los estrados electrónicos, sino que también las notificaciones vía electrónica ya son posibles después de que en marzo de 2018 la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) firmaron un convenio de colaboración de notificaciones electrónicas a través del cual se agilizan los mecanismos procesales en el sistema electoral.
Recientemente se conoció, a través de las redes sociales, que el TET ya trabaja con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para la obtención de la firma electrónica, con la cual se prevé la digitalización, agilización de trámites y ahorros económicos con la reducción del uso de papel. Su reto ahora, sin embargo, es resolver de fondo asuntos en línea como ya lo hace la Sala Superior.
En lo que cabe a otros órganos jurisdiccionales, como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) o el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), poco se sabe. Lo cierto es que ya es tiempo de acelerar la transformación digital en el estado y no se ve prisa en ello.
Empresas de todas las industritas y tamaños en el país ya trabajan a pasos acelerados en esa dirección con el objetivo de enfrentar el impacto de la contingencia sanitaria. No hacerlo, lo saben, significa estar en riesgo de desaparecer. ¿Se necesita esa amenaza en los órganos jurisdiccionales?