SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

Abusivos

Los actuales diputados y diputadas locales actúan abusivamente. Este espacio ha calificado a la actual Legislatura como la peor de la historia y su actuar confirma ese calificativo.

Dos hechos recientes la describen con claridad: la reciente reforma electoral en la que se benefician así mismos; y el anuncio del presidente del Comité de Administración del Congreso local, Rafael Ortega Blancas de etiquetar recursos para el próximo año, con el propósito de distribuirlos en obras y acciones a los municipios, los cuales rebasarían los 486 millones 250 mil pesos que se aprobaron para este año.

El tema de los dineros ha sido bien abordado por el periodista Juan Luis Cruz en su muy leída columna Sin Censura: “De concretarse esta nueva estrategia, los diputados locales habrán contado, durante su mandato, con cerca de mil 500 millones de pesos para pavimentar aspiraciones electorales y cimentar y edificar carreras políticas”.

Efectivamente, eso es lo que pretenden las diputadas y diputados locales: alimentar sus ansias de continuar en el cargo o buscar otro más, ayudados con dineros que ninguna ley les faculta otorgarse. No es esa su función, pero se la atribuyen. Y lo hacen de manera discrecional, beneficiando a unos e ignorando a otros. Todo con el propósito de conseguir una renta electoral en 2021.

En el caso de la reforma electoral, los integrantes de la actual Legislatura hicieron un añadido al artículo 253 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala: “En el caso de los diputados en funciones que aspiren a la elección consecutiva o a algún cargo de elección popular, éstos deberán separarse de las mismas cuando menos treinta días antes del día de su elección”.

Con el texto anterior se colocan en una ventajosa posición porque ningún otro tlaxcalteca tiene semejante prerrogativa. La Constitución Política local establece otros plazos. Por ejemplo, para aquellos servidores públicos de la federación, del estado o de los municipios con funciones de dirección y atribuciones de mando que aspiren a una diputación, la separación del cargo deberá ser “cuando menos noventa días antes del día de la elección de que se trate”.

En estricto sentido, el texto aprobado por los legisladores a la ley electoral es inconstitucional. Sería positivo que esa redacción fuera impugnada. La diputada local Irma Yordana Garay Loredo ha dicho que la posibilidad de hacerlo, a través de una acción de inconstitucionalidad, sigue vigente.

Debe recordarse que las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por un 33 por ciento del total de legisladores y las legisladoras locales. Así que el número para promoverla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo tienen. Si no fuera el caso de que los legisladores lo hagan, pueden hacerlo los partidos políticos. Ya ha sucedido exitosamente en años pasados y puede hacerse igual en este caso.

Sea como fuere, es importante que las acciones de los diputados y diputadas no queden en la impunidad. El titular del Ejecutivo puede hacerlo en el caso de los dineros, el problema es que en años anteriores los ha dejado hacer evitando el veto del presupuesto de egresos, quizá para evitar una confrontación política.

En el segundo caso, la reforma electoral, son varios los actores que pueden intervenir. Ojalá lo hagan porque, de entrada, ya existe inequidad en la contienda con los tiempos de separación del cargo. Ya es tiempo de ponerles un alto a su voracidad y a su abuso.