SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

Los graves ¿errores? del ITE

 

Algo apesta en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). Más allá de si algún partido político interpone algún recurso de inconformidad contra el desempeño de los consejeros y consejeras electorales, o de que el Instituto Nacional Electoral (INE) inicie algún tipo de procedimiento administrativo que devenga en sanciones, ese órgano autónomo no ha contribuido a una de sus principales funciones: generar certeza.

Falló en el último tramo y gravemente.

A más de esperar la evaluación del INE, el Programa de Resultados Electorales Preliminares Electorales (PREP) implementado por el ITE seguramente será el peor evaluado, sólo después del de Guerrero, el cual ni siquiera reunió condiciones de seguridad.

Para la elección de la gubernatura el PREP alcanzó el 79.9 por ciento, para la elección de diputados locales el 80.3 por ciento, para la elección de ayuntamientos el 69.4 por ciento y para la de presidencias de comunidad el 66.7 por ciento. De no haber sido por el conteo rápido aplicado por el INE, la incertidumbre sobre el resultado de la elección de gobernadora habría perdurado hasta muy entrada la madrugada del 7 de junio, pues las dos candidatas con más alta votación se dijeron ganadoras.

Fue con el conteo rápido del INE y la felicitación del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez a Lorena Cuéllar Cisneros, que las cosas tomaron un camino de certeza al cual el ITE no contribuyó.

Posteriormente, el domingo 13 de junio, minutos antes de la entrega de la constancia de mayoría, el ITE rasuró -algunos le llamaron “desfase”- aproximadamente 80 mil votos en perjuicio de Lorena Cuéllar en el cómputo final, generando una natural molestia en los representantes de los partidos políticos con representación ante el Consejo General, particularmente de los integrantes de la coalición ganadora.

Es muy posible que a raíz de ese grave error las consejeras y los consejeros del ITE hayan determinado no llevar a cabo la distribución de las 10 diputaciones de representación proporcional, violando con eso la ley electoral, la cual muy claramente establece que la asignación debe darse al domingo siguiente de la jornada electoral. Lo hizo dos días después, el martes 15 de junio.

No fue solo ese el problema. La gravedad también estriba en que horas antes de la sesión que serviría para la asignación de plurinominales, en varios círculos políticos comenzó a circular un acuerdo en el que se adelantaba la distribución de esas diputaciones. Ese acuerdo contenía un error: no consideraba la sustitución que días antes el dirigente estatal del Partido Fuerza por México, Luis Gabino Vargas González, había realizado para sustituir como el primero de la lista pluri a Rafael Torre Sainz de Rozas, quedando el propio dirigente como propietario.

Ese error no era lo grave en sí mismo, pues no era un acuerdo aprobado oficialmente por el Consejo General del ITE, sino el hecho de que ahí se adelantaba que para cumplir con la paridad de género en la próxima Legislatura local, la candidatura masculina registrada por Fuerza por México no pasaría, sino que quedaría la segunda de la lista: Josefina Rodríguez Zamora. Ese mismo martes por la tarde se sabría que el astuto Luis Gabino Vargas, aprovechando la filtración del documento sobre el acuerdo de asignación de plurinominales, presentaría ante el ITE su renuncia para colocar en su lugar a su esposa, Reyna Flor Báez Lozano, para cumplir la paridad de género. Así que ella, si no pasa nada extraordinario, será diputada local.

Todo eso junto, no hace sino pensar que en el ITE hay una podredumbre. No aprendieron del proceso electoral pasado. Por eso es exigible que el INE inicie investigaciones y lleve a cabo un procedimiento sancionatorio. Como cabeza, la presidenta de ese organismo, Elízabeth Piedras Martínez, es la principal responsable. Pero hay más, y los consejeros y consejeras electorales lo saben.

Comentario: Entró por la puerta trasera, tras conocerse que copió en su examen de conocimientos para ser nombrado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). En su estadía se documentaron diversas y serias irregularidades: despidos injustificados, actuaciones unilaterales, contubernio que involucró al Poder Judicial para contratar personal trabajador y desvíos millonarios de recursos económicos del organismo que le hicieron reprobar una cuenta pública.

Más allá de si el Congreso local se pusiera o no de acuerdo con la elección de una nueva presidencia, era claro que Víctor Manuel Cid del Prado Pineda había concluido su periodo constitucional y debía dejar el cargo. Sin embargo, enloquecido de poder decidió litigar su permanencia. Al final, el Poder Judicial concluyó que la Cámara de Diputados tiene facultad plena para designar una nueva presidencia y se decidió por la mejor evaluada: Jaqueline Ordoñez Bradesfer.

Lo anterior significa el adiós a un personaje que nunca debió llegar al cargo de presidente de la CEDH. Ha sido lo peor que por ahí ha pasado en los últimos 25 años. La nueva presidenta tendrá mucho que trabajar para recuperar la buena imagen que ese organismo perdió en los últimos años.