Resumen

SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

CEDH, presidencia infame

Los organismos autónomos, todos sin excepción, tendrían que profesionalizarse para desarrollar mejor sus funciones. Habría que suceder lo mismo dentro de la administración pública estatal y municipal, pero no hay nada que indique que se avanza en ese sentido. Y eso mismo sucede en el caso de los poderes Legislativo y Judicial, es decir, no hay profesionalización de cuadros.

Los Poderes, organismos autónomos y municipios dependen de quien los encabeza, o  bien de un grupo reducido de personas que forman parte de un Consejo o un Pleno. Por eso lo que empieza a tomar forma en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) tiene que reconocerse: la profesionalización de su estructura operativa.

Había sido costumbre que el presidente y los consejeros se repartieran el botín de espacios laborales, haciendo partícipe a los partidos políticos. La desconfianza por ello era manifiesta debido a que personas identificadas a los partidos políticos ocupaban cargos de responsabilidad que podían caer en la parcialidad de acciones, afectando con ello la credibilidad de los resultados.

Pero no sucede lo mismo en otros organismos autónomos. Es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde su recién nombrado presidente hace lo que quiere, sin que se sepa qué es lo que pasa al interior de esa institución.

El avance que se había dado en la presidencia de Francisco Mixcoatl Antonio, de contratar mediante evaluación a gran parte del personal de ese organismo, se perdió. Vale decirlo porque, sin transparentar el método, el nuevo presidente Víctor Manuel Cid del Prado inició la contratación de personal en diversas áreas.

A cinco meses de que el Congreso del estado lo designó como ombudsperson, Cid del Prado no ha definido si el personal de la estructura operativa continuará en el cargo, si habrá cambios y, en caso de haberlos, cuál será el método de selección que utilizará para la contratación. Y, sin embargo, éstas ya iniciaron.

Más grave aún: el presidente de la CEDH viola un precepto constitucional al haber disminuido salarios a diversos trabajadores del organismo. Son varios quienes han visto disminuida su percepción quincenal, sin siquiera haber recibido una explicación de tal medida por parte del ombudsperson.

El artículo 123 de la Constitución Política federal establece que los salarios de los servidores públicos serán fijados en el presupuesto correspondiente, sin que puedan ser disminuidos durante la vigencia del mismo. No sólo eso, las normas de la Organización Internacional del Trabajo indican que nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, salvo que medie resolución judicial.

Pues bien, eso es lo que ha hecho el presidente de la CEDH, Víctor Manuel Cid del Prado, quien afuera de la institución emite discursos de defensa de los derechos de las personas, sin dar cuenta que los violenta en casa.

Es grave que el funcionario tenga cinco meses en el cargo y que en ese periodo no se le conozca un plan de trabajo para llevarlo a cabo en la materia que le corresponde. Sus respuestas, además, son ambiguas cuando se le pregunta sobre casos espinosos, como aquel de los ex policías acusados de secuestro que fueron torturados por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en los tiempos de Alicia Fragoso Sánchez. Es la hora que no hay recomendación alguna por parte de la CEDH, a pesar de existir evidencias plenas en el plano jurídico para hacerlo.

Un presidente de la CEDH así, no tiene caso tenerlo. Sin embargo, no debe sorprender si se considera que es producto de un turbio proceso de selección que sirvió a un grupo político para acomodar ahí una cuota de poder con el objetivo, a su vez, de acomodar a los suyos.

En esa circunstancia, una observación crítica y permanente puede detener en ese organismo lo que ya comienza a perfilarse. Por eso mismo sería positivo que las organizaciones sociales y no gubernamentales hicieran lo suyo en esa observación, pues tienen mucho que aportar para incidir en tener un organismo que verdaderamente responda a las exigencias de la sociedad, no a intereses políticos, como a los que parece responder el ombudsman de Tlaxcala.