Resumen

SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

Horacio González,

Diputados, a marcación personal

Once legisladores locales son los que pidieron licencia para competir en busca de la reelección o para brincar a la Cámara de Diputados federal. No se sabe qué respaldo tendrán de los electores el próximo 1 de julio, pero es un hecho que algunos no tendrán otra alternativa más que regresar al Palacio Legislativo con la derrota a cuestas.

Sólo que hay que poner atención para ver cómo y de qué forma lo hacen. Concluida la jornada electoral viene un procedimiento legislativo al que hay que poner atención: la discusión en la aprobación o reprobación de cuentas públicas.

En anteriores Legislaturas ha sido práctica común la corrupción y los acuerdos en lo obscuro para aprobar o reprobar estados financieros, sobre todo de aquellos que se refieren a los municipios, donde más anomalías se registran en el gasto de los dineros públicos.

Para decirlo claro: en el regreso de los diputados que no consiguieron su objetivo de ser reelegidos o de brincar a la Cámara Baja, muy probablemente veremos cómo algunos buscarán que lo erogado en campaña le sea retribuido. Por eso hay que poner atención en las discusiones que se tendrán en la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, lo mismo que en la Junta de Coordinación y Concertación Política.

Por la forma en cómo esta Legislatura se ha manejado, con la aprobación de acuerdos y leyes a conveniencia, es altamente probable que algunos –o todos, quizás- quieran rebanadas de pastel, materializadas en las cuentas públicas.

Hay que recordar que con el argumento de evitar, en pleno proceso electoral, un ruido innecesario o una utilización partidista de lo mal que se manejan los recursos en los municipios, los diputados locales aplicaron bien una acción de sus antecesores: poner a resguardo la información entregada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) hasta pasada la jornada electoral.

En su determinación no existió ningún argumento legal. Y no lo hubo porque no lo hay. En el ámbito nacional, la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) no actúa en la forma como lo hace el Congreso del estado, es decir, ocultando temporalmente información en pleno proceso electoral. En procesos federales es muy clara su posición: la información es completamente ajena al ámbito de las elecciones, por lo que es pública desde el momento en que los tiempos establecidos en la ley así lo dictan.

En el caso de Tlaxcala, sin decirlo, los legisladores locales han aceptado implícitamente que en varios ayuntamientos existen irregularidades financieras graves. Y eso da motivo suficiente al sospechosismo. Como dice el refrán: “la burra no era arisca…”.

Es decir, a punta de acuerdos obscuros, de negociaciones político-partidistas y de ganancias económicas, los diputados locales se han ganado bien que se les critique y se les acuse de corruptos. En esta coyuntura, considerando que varios legisladores regresarán al Congreso con los bolsillos vacíos, es muy posible que lo hagan para ver qué es lo que recuperan. Por eso hay que vigilarlos bien.

Si su tarea de Legislar la han realizado con clarísimas deficiencias, hay motivo suficiente para pensar que otra de sus funciones, la de fiscalizar, también pueden hacerla con sesgo. Por eso más vale ponerles marcación personal. No vaya a ser que regresen a las andadas.

Lineazo: El actual pleito que traen los candidatos presidenciales José Antonio Meade y Ricardo Anaya no es más que el reconocimiento implícito de que la elección está decidida. La distancia de ambos con relación a Andrés Manuel López Obrador, implica una clara disputa por el segundo lugar, pero no sólo en lo que se refiere a la elección presidencial sino, principalmente, en aquellas que servirán para la nueva composición del Congreso de la Unión.