Resumen

SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

Horacio González,

AMLO-Tlaxcala, responsabilidad compartida

Son peligrosas las tan altas expectativas que la mayoría de los mexicanos tiene del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo son porque así tan alta puede ser la decepción.

El compromiso y la responsabilidad que asumió formalmente desde el sábado pasado el tabasqueño, no son solamente de él sino también de su equipo de trabajo. Y no sólo en el ámbito federal sino en los estados.

Por supuesto que la máxima responsabilidad es de López Obrador, quien en su toma de posesión afirmó no tener derecho a fallar. Sin embargo, esa responsabilidad es compartida y así deben asumirlo sus colaboradores y quienes ahora enarbolan el compromiso de llevar al país a una cuarta transformación.

El problema es que en Tlaxcala esa comprensión de responsabilidad parece que no ha llegado a todos los morenistas ni a quienes salieron beneficiados electoralmente de la imagen y el empuje de López Obrador. El ejemplo más claro lo representan los diputados locales de Morena, PT y PES, quienes se han enfrascado en duelos políticos, particulares o de grupo, dentro del Congreso del Estado en busca de parcelas de poder.

La amplia agenda legislativa aprobada para el primer periodo ordinario de sesiones no ha sido cumplida ni siquiera en un cinco por ciento. Los legisladores, no sólo de esos tres partidos políticos, sino del resto de grupos parlamentarios y representaciones partidistas, han navegado cada quien por su lado sin fruto alguno porque no existe institucionalidad para fortalecer a un poder que necesita independencia y resultados con relación al Ejecutivo.

Un hecho nada despreciable alcanzado en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso del estado, fue la reforma a la Constitución Política local para reducir de tres a un mes la presentación de las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables. Pese a la experiencia de María del Rayo Netzáhuatl y Víctor Baez López como presidentes municipales, la reforma se convirtió en un retroceso porque complicaba el trabajo interno de comprobación de recursos, sobre todo en los ayuntamientos. El resultado fue un mazazo: el rechazo de la mayoría de los  cabildos a esa reforma constitucional.

El problema que se avizora en el país es que aquello que sucede en el ámbito local, pudiera repetirse en el ámbito federal. Y eso debiera preocupar. Los representantes populares se están enfrentando a una curva de aprendizaje que a seis meses de trabajo todavía no se ven señales de que hayan comprendido su principal labor. Y eso mismo puede suceder con el gobierno de López Obrador.

Ojalá no sea el caso de Lorena Cuéllar Cisneros como coordinadora federal de las delegaciones existentes en Tlaxcala. Por lo pronto, hay que decirlo, no existe una perspectiva positiva. Como ejemplo, ahí están sus pretendidas intromisiones por conseguir espacios de influencia en el Poder Legislativo local o en organismos autónomos como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones o el Tribunal Electoral de Tlaxcala.

Que el trabajo de Cuéllar Cisneros se ciña a su labor de coordinadora de los programas federales, y no el de pretender ser una vice gobernadora con sueños de sucesión en el cargo que ahora mismo ocupa Marco Antonio Mena Rodríguez, es lo deseable. Pero entre lo deseable y lo real, frecuentemente, hay mucha distancia.

Lo que sí es cierto es que si no hay prontos resultados del gobierno de López Obrador a sus compromisos, el bono democrático del que ahora goza irá agotándose de tal manera que los resultados podrían verse, invariablemente, en 2021. Y varias carreras políticas podrían terminarse en Tlaxcala: desde aquellas que ahora inician como representantes populares, hasta aquellas que con experiencia buscan cargos mayores, como la misma gubernatura.

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