SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ - Linea de Contraste

SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

En Sin Línea, Horacio González habla sobre Marco Mena y la elección presidencial

Presupuesto 2019

En el tema del Presupuesto de Egresos para el Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, no todo está dicho. Si bien el Poder Legislativo, a través de una mayoría, lo ha aprobado con modificaciones respecto a la propuesta original del Ejecutivo, falta observar qué dice éste, pues el mandatario estatal tiene la facultad de publicarlo o de vetarlo.

El artículo 49 de la Constitución Política local establece que el gobernador debe sancionar los proyectos de Ley o Decreto que le envíe el Congreso del estado y mandar publicarlos, salvo cuando tenga alguna objeción. En ese caso los devolverá al Congreso con las correspondientes observaciones, dentro de ocho días contados desde su recibo, y de no hacerlo así se reputarán aprobados.

Este momento es crucial en el análisis que seguramente ya se realiza dentro del equipo que comanda el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, para saber si está o no de acuerdo con las modificaciones realizadas por los diputados locales. Si el presupuesto se regresara al Legislativo no hay ninguna posibilidad de crisis, pues el artículo 102 constitucional precisa que si al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el presupuesto general correspondiente, continuará vigente el del año inmediato anterior.

Por lo pronto, vale la pena hacer tres reflexiones en cuanto al presupuesto de egresos aprobado por los legisladores:

1.- El clientelismo político con el que se conducen los legisladores locales, al menos aquellos que conforman la mayoría que hizo posible la aprobación del presupuesto. La Constitución local estable que “los diputados deberán cumplir puntualmente sus deberes legislativos, de gestoría y representación, así como los de fiscalización y control del ingreso y gasto públicos, conforme lo determine la Ley Orgánica”. Y precisa que “las oficinas públicas deberán facilitar el cumplimiento de estas obligaciones”.

El asunto es que los diputados de Morena, PT, PES y PRD aprobaron bolsas económicas de 10 millones de pesos para sí mismos, haciendo clarísima su estrategia de pretender la reelección del cargo, o de querer saltar a una presidencia municipal como alcaldes o alcanzar una diputación federal.

Hay proyectos personalísimos como el del perredista Miguel Ángel Covarrubias, quien su búsqueda de una diputación federal, no sólo se ayudará del desvío de recursos que seguramente seguirá haciendo el ayuntamiento que encabeza su madre, Maribel Cervantes, sino ahora de 10 millones de pesos para obra pública, cantidad que al parecer se incrementará a 12.5 millones en caso de que los diputados del PAN, PRI, Panal, PVEM y Movimiento Ciudadano no acepten lo que les corresponda.

2.- La eliminación de una partida de 130 millones de pesos para educación básica, específicamente para útiles escolares. Con ello se deja inservible una ley que ya de por sí era ninguneada por las autoridades educativas de la entidad, que es la de útiles escolares. Desde la creación de ese ordenamiento, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) la ha incumplido, al entregar los beneficios semanas después del inicio de ciclo escolar respectivo.

En los hechos, ninguna ayuda económica representó para los padres de familia el surgimiento de esta ley populista, como aquella aprobada por la pasada Legislatura, relativa a la entrega de uniformes escolares gratuitos.

Habrá que ver cómo reaccionan las secciones 55 y 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Por lo pronto, ya circula en redes sociales un mensaje del secretario general de la sección 55, Ignacio Díaz Grande, con el siguiente texto dirigido a secretarios delegacionales y representantes de escuela: “El Congreso del estado toma una decisión de reducir presupuesto en educación y pensiones civiles, en esa tesitura exhorto a que en un momento que se requiera de su presencia al llamado que haga por este medio apoyen a nuestra institución, considerando que las acciones afectan a toda la clase trabajadora”.

3.- La disminución de 150 millones para el fondo de seguridad propuesto por el Ejecutivo local. Si bien Tlaxcala se encuentra dentro de los cinco estados del país menos inseguros en materia de seguridad pública, las voces en Tlaxcala que exigen un alto a la disminución de delitos cada vez son mayores.

La prensa da cuenta, por ejemplo, de las acciones de pobladores que quieren hacerse justicia con propia mano contra presuntos delincuentes que han sido descubiertos y atrapados en plenas fechorías. Si a este problema se agrega un compromiso hasta ahora incumplido por parte del gobernador, en el sentido de fortalecer los ingresos de los elementos policiacos, así como sus herramientas de trabajo, entonces el Ejecutivo está en aprietos. Más si se recuerda que la seguridad pública es responsabilidad directa de los gobernadores y no de los delegados estatales, como se pretendía originalmente.

Lineazo: Reiniciamos las colaboraciones de este espacio después de dos semanas de vacaciones. Es buen momento para desear a todos los lectores un buen año 2019.

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