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Turnan iniciativa del Ejecutivo sobre Ley de Amnistía a Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación y Población

Palacio Legislativo, a 18 de septiembre de 2019 (Notilegis).– La Mesa Directiva, que preside la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, recibió la iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley de Amnistía y la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación y Población para su dictaminación.

La propuesta de ley –que consta de ocho artículos y tres preceptos transitorios– beneficiaría a las personas sentenciadas por los siguientes delitos, siempre y cuando no sean reincidentes:

Aborto. Se concedería la amnistía tanto a mujeres que interrumpieron su embarazo como a médicos y parteros que lo realizaron.

Delitos contra la salud. Cuando las personas se encuentren en situación de pobreza extrema, de vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, tengan discapacidad permanente, cuando hayan sido inducidas por su pareja sentimental o pariente y cuando hayan sido obligados por grupos del crimen organizado.

También se beneficiaría a los consumidores que poseían narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima para el consumo personal inmediato establecido en la ley, y sin fines de venta.

Cualquier delito cometido por personas indígenas. Cuando al sentenciado no se le haya garantizado su derecho a contar con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua durante su proceso.

Robo simple y sin violencia. Siempre y cuando no emerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

Delito de sedición o por incitar a comisión de otros ilícitos por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional. Cuando no se trate de terrorismo, privación de la vida o lesiones graves a una persona y uso de armas de fuego.

Establece que la amnistía no beneficiaría a homicidas o secuestradores, tampoco a quienes hayan causado un grave daño a otra persona.

En su exposición de motivos, el Ejecutivo federal indica que “las estadísticas disponibles y las evidencias muestran que existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas. A menor nivel de ingreso, mayor posibilidad de que la justicia se convierta en su antítesis, en una injusticia”.

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