ANÁLISIS EN CONTRASTE Por EDGAR SALAZAR MACÍAS - Linea de Contraste

ANÁLISIS EN CONTRASTE Por EDGAR SALAZAR MACÍAS

JUSTICIA Y OPERADORES DE JUSTICIA.

Pensemos en un escenario kakistocrático (a veces no tan alejado de la realidad), en el que los juzgadores se dejan influenciar por intereses, no necesariamente económicos, sino ideológicos, de afinidad política, amistad o cualquier otra índole distinta de la económica, esa situación dificulta comprobar dicha influencia.

Actuar de manera apegada a la ley es una obligación de servidores públicos, juzgadores, y de todos aquellos que forman parte del gobierno, en cualquiera de sus tres poderes, y tres ámbitos, y digo que es una obligación, no porque para los ciudadanos no lo sea, sino porque para ellos se aplica aquello de que sólo pueden hacer lo que la ley les faculta para hacer, entonces, cuando hacen algo sin apego a la ley o que la ley no les permite, es cuando encontramos una falta que debe reclamarse y pelearse por parte de la ciudadanía.

El ámbito judicial no está exento de dichas faltas, tomando en consideración que muchas veces, algunos jueces, por ignorancia o por intereses, actúan de manera contraria a la ley, principalmente en el ámbito estatal. ¿Cuántas veces los jueces locales han negado el ejercicio de los derechos de los ciudadanos?, ¿cuántos juicios de amparo se pueden evitar si los jueces actúan acorde a la ley?… parecieran preguntas innecesarias, pero son reales.

En el día a día de los abogados postulantes, sabemos que muchas veces se tiene que dar un impulso para que el aparato de justicia gire, y a final de cuentas son cuestiones e intereses entendidos. Pero ¿qué sucede cuando no se trata de una cuestión de dinero?, cuando no se trata de dinero, sino de acuerdos con la contraparte, bajo el argumento que sea, le deja pocas salidas al abogado, nos queda la recusación, las quejas ante el Consejo de la Judicatura, evidentemente los recursos ordinarios, hasta llegar al amparo… pero nuevamente la pregunta es ¿por qué?, una pregunta que no siempre tiene respuesta, y sólo es parte de la realidad que día a día vivimos los abogados y nuestros representados.

A veces aquel argumento que “el juez está del lado de la contraparte” termina siendo real, y es complicado litigar contra el aparato de justicia y en contra de la contraparte, muchas veces es desgastante para los clientes, y frustrante para los abogados, cuando muchas veces están implícitos derechos de mujeres, o de menores… resulta increíble cómo en ocasiones ni la protección de los desprotegidos puede mover el aparato judicial a favor de lo justo y legal.

Los poderes judiciales locales requieren sí una renovación, una reestructuración, mucha ética y capacitación, porque no puede ser que se mida con una vara distinta a un abogado conocido o poderoso, y a un abogado que trata de ganarse la vida defendiendo a personas que nadie más quiere representar, o el abogado que toma casos pro bono. El reclamo de justicia, y de un correcto actuar de los jueces, muchas veces tiene que venir acompañado de actos visibles y sanciones fuertes, no hay otra forma de conseguirlo.

TRES PUNTOS…

La ética profesional muchas veces queda de lado, falta de ética que incluso puede ser falta administrativa y legal. Vale la pena plantear la pregunta de si un director de una facultad de derecho de una Universidad Autónoma, que recibe dinero público, puede postular asuntos, acudiendo a juzgados en horas laborales… o si un regidor, sin cédula profesional, que siempre se ha ostentado como abogado, puede acudir a los juzgados y representar a personas en juicios, de nuevo en horario laboral, cuando existe dinero público de por medio, dinero público con el que se le paga su sueldo por el trabajo que se supone debe realizar. Es cuanto.