ANÁLISIS EN CONTRASTE Por EDGAR SALAZAR MACÍAS

Necesitamos un Sistema Judicial electrónico

Es indudable que estamos pasando por una etapa complicada del año, lo que se esperaba que durará unas cuantas semanas, ya lleva más de 3 meses… pero empecemos por el principio. A partir del 23 de marzo, una publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de Salubridad General, reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia; posteriormente, el 31 de marzo, se publicó, también en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de Salud el ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, y desde ese momento las actividades quedaron restringidas.

El Poder Judicial, tanto Federal como de las Entidades, ha corrido la misma suerte que el Ejecutivo y la ciudadanía, la suspensión de las actividades, y por consiguiente la suspensión en la impartición de justicia. En el ámbito federal se ha podido controlar en últimas fechas gracias a la utilización de la FIREL, y que se tiene un sistema para presentar demandas vía electrónica; pero ¿qué pasa a nivel estatal?

A nivel estatal el Poder Judicial ha implementado guardias para la atención de asuntos urgentes, como los que impliquen derechos y seguridad jurídica de menores, aquellos para la atención de violencia contra las mujeres, además de asuntos penales; sin embargo, el resto de los asuntos, han quedado suspendidos, encontrándose las personas impedidas para interponer nuevas demandas,

o que las demandas ya interpuestas avancen, estamos ante una suspensión, no sólo de términos y plazos, sino ante una suspensión de la justicia. Es claro que la inversión en materia de tecnologías de la información no es sencilla, porque se debe encontrar al proveedor que pueda ofrecer realmente una plataforma digital con las capacidades suficientes para almacenar terabytes de información, desarrollar un sistema de consulta de expedientes, notificaciones y sentencias, un sistema amigable para impartidores de justicia y público en general, un sistema de registro de profesionales del derecho, en fin, se requiere de una inversión grande, pero que no es imposible de hacerse.

Tomemos algunos ejemplos de estas inversiones y los beneficios que han tenido. En el estado de Quintana Roo, existe un sistema digital de notificaciones, consulta de acuerdos, y digitalización de expedientes y promociones. Desde hace más de diez años, en Puebla se ha tenido un sistema de consulta de acuerdos, expedientes, que ha ido mejorándose a lo largo de los años; entonces la pregunta sería ¿Por qué en Tlaxcala no tenemos algo así?, la justicia evoluciona, y por tal los sistemas de impartición de justicia también tienen que evolucionar, para que idealmente, ante eventos de esta naturaleza, la justicia no se quede en suspensión, sino que siga su curso, porque recordemos que la justicia debe ser pronta y expedita, pero ¿cómo hacerlo con un sistema de impartición de justicia que depende totalmente del papel?, la tecnología también puede permitir cumplir con esos principios constitucionales y convencionales de impartir justicia.

TRES PUNTOS…

Armonizar y crear leyes no es sencillo, requiere estudio, personal capacitado, evidentemente visión a futuro, y un sentido claro de la realidad. Como siempre lo he dicho, los legisladores no necesariamente tienen que saber Derecho, o incluso saber de Leyes, pero si tienen la obligación de estudiar, entender un poco de qué se trata su trabajo, y evidentemente contratar a BUENOS asesores. Las leyes siempre podrán mejorar, como toda creación humana, son perfectibles, sin embargo, mientras que haya materia para mejorar debemos exigir a los legisladores que hagan su trabajo. ¿Cuántas leyes generales no tienen su símil estatal? o ¿cuántas reformas se han quedado en vilo por disputas entre las bancadas?, pedir no empobrece, y exigir es nuestra obligación, mas que un derecho. Es cuanto.