SIN FILIAS Y SIN FOBIAS Por JOSÉ JACINTO VEGA
Justicia sumaria, pérdida de gobernabilidad
En días y semanas recientes un tema ha ido tomado la delantera respecto a otros asuntos públicos; el margen de gobernabilidad del actual Ejecutivo local se está reduciendo. Sucesos como el del pasado domingo en Xaltocan o los derivados de la detención de dos personas a quienes se les señala como presuntos responsables del linchamiento sucedido en una comunidad del municipio de Chiautempan semanas atrás; y la incesante desaparición de mujeres, entre otros temas, que gradualmente han crispado los ánimos en comunidades de la entidad, simplemente parecen reflejar que en materia de seguridad y gobernación varias cosas no le están funcionando a Doña Lorena.
La justicia sumaria que algunas comunidades han aplicado contra presuntos delincuentes, si bien es una acción desesperada ante la falla del Estado respecto a garantizar la seguridad ciudadana, también es muestra de la delgada línea que separa a la observancia del estado de Derecho, del ejercicio de la ley del más fuerte que gusta a algunas sociedades comunales que se debaten entre lo tribal y la modernidad.
Respecto al caso de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, el gobierno de Cuéllar Cisneros tomó una decisión que resulta de doble filo; si bien puede consolidar la autoridad política de Doña Lorena, también puede significar la derrota total de su gobierno como máxima autoridad local. Detener al presidente de dicha comunidad y a una persona más, e inculparles por presunto homicidio calificado, lo cual puede llevarles por muchos años a la cárcel, tiene dos posibles salidas, una, declararlos culpables y sentenciarles, y con ello sentar precedente contra futuros hechos semejantes, con la finalidad de que las comunidades piensen bien antes de repetirlos; o, liberarlos a causa de la presión política de los pobladores de esa comunidad, lo que sería una terrible derrota para el Estado de Derecho y para la autoridad política local, la cual habría renunciado a toda posibilidad de liderazgo, además de que su viabilidad como autoridad constitucional se habría terminado.
El caso de Xaltocan pone entre dicho la viabilidad de las policías municipales de localidades pequeñas, y no se diga de las comunitarias que son ilegales, y puede fortalecer la hipótesis para una reforma legal que, desde el artículo 115 constitucional federal, y las leyes homólogas locales, centralicen la seguridad ciudadana de municipalidades pequeñas en manos de las fuerzas estatales, lo que por tiempo se ha discutido como el mando único policial. De no ser de municipios como: Tlaxcala capital o Apizaco, el resto de los 58 municipios de la entidad tienen cuerpos policiales precarios y vulnerables, hasta frente a su propia comunidad que poco o nada les respeta.
El caso Tlalcuapan será de larga duración, y se dirimirá en tribunales, a menos de que una decisión política abra la puerta de la celda y deje salir impunemente a los inculpados, con las consecuencias políticas ya señaladas en párrafos precedentes. El caso Xaltocan, también se resolverá jurisdiccionalmente, pero aquí, los posibles responsables, que todo apunta hacia elementos de la policía municipal, estos sí pudieran ser culpados y sentenciados, al cabo que difícilmente habrá pueblo que se levante para pedir su liberación, además de que, al ser servidores públicos resulta menos complejo acusarles de abuso de autoridad.
Doña Lorena tiene que actuar pronto y bien para frenar la pérdida de gobernabilidad que está enfrentando, y quizá deba revisar qué “piezas” de su maquinaria político-policial deban ser sustituidas, antes de ser insostenibles por muy amigos que sean. Finalmente, la prevalencia de su gobierno debe estar por encima de su amistad con quienes no han dado el ancho en áreas de gobernación y seguridad ciudadana.