SIN FILIAS Y SIN FOBIAS Por JOSÉ JACINTO VEGA

La agonía del estado de derecho

Nuestra nación está al borde de la peor crisis jurídico-institucional de los últimos cien años, la demolición sin sentido, y sin proponer algo coherente a cambio, que el Ejecutivo federal viene haciendo del marco constitucional, de sus leyes secundarias e instituciones, lejos de propiciar el contexto que pretende para perpetuarse en el poder a través de tercera persona, llámese Claudia o Adán (Marcelo y Ricardo no están en su ecuación sucesoria), está generando el caldo de cultivo para que la sociedad mexicana implosione y el país se fracture política y socialmente.

La recurrente desobediencia que Don Andrés hace respecto a las leyes e instituciones que juró guardar, la ha contagiado a sus colaboradores más cercanos, quienes cada día menos se apegan a las leyes y actúan con total anarquía, fundamentalmente en materia electoral, desarrollando una campaña muy anticipada en busca de suceder a su jefe político.

La narrativa oficial sobre ser diferentes, solo encuentra explicación en que la distinción radica en que el actual grupo en el poder es peor en varios aspectos que sus antecesores, ya que hoy, la corrupción lejos de haber sido erradicada ha encontrado nuevas formas de “justificación”, y la violencia que azota a la sociedad ha alcanzado niveles más allá de los vistos con sus predecesores.

La misoginia del presidente se hace evidente desde su nula empatía con los grupos feministas y mujeres asesinadas, hasta en el trato que da a sus colaboradoras cercanas, a quienes solo les da un papel ornamental; para muestra lo que hizo de Olga Sánchez Cordero en los últimos cuatro años, y recientemente con Tatiana Cloutier.

El creciente traspaso de atribuciones y recursos a las fuerzas armadas para que desempeñen tareas civiles resulta otro atentado al régimen constitucional, a lo que su suma las recurrentes compras sin licitación que realiza el gobierno, la cancelación de programas y partidas presupuestales dirigidos a la población, solo por haber sido concebidos en administraciones anteriores, y un sinfín de recortes para reorientar recursos a las obras de vanidad presidencial y a sus programas de compra de votos.

El uso de recursos públicos para sostener, tanto la campaña de sus “corcholatas”, como para atacar constantemente a todo aquel que “huela” a oposición, es otra amenaza al marco jurídico e institucional, ya que dedica más esfuerzos a coordinar ambas campañas que a ejercer la función para la que fue electo.

El intento de restar facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual ya tiene sometida por completo, al igual que al poder legislativo, ha borrado la división de poderes que consagra la constitución, concentrando de facto en el presidente a los tres entes públicos que deben sostener nuestro régimen republicano, así como su intento de apoderarse de los órganos electorales.

Es ostensible el cotidiano abuso de poder que ejerce Don Andrés, al que cínicamente describe como voluntad popular mayoritaria, la cual manipula y adormila con su narrativa. De no encontrarse coto estamos cerca de vivir una situación similar a la de algunos países sudamericanos o del caribe, cuyas sociedades han padecido largamente el peso de las dictaduras y la dificultad para reponerse de ellas. En México el estado de derecho agoniza.