SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ

El acuerdo

 

Políticamente hablando, débil entró y débil salió. Decisiones importantes ya están siendo tomadas desde un escritorio diferente al que ocupa el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Es el caso, por ejemplo, del nombramiento en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Y puede ser el caso, también, de quien encabece la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los legisladores y legisladoras obedecen ciegamente las instrucciones de la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros. Así que si ella determina la transición de la Procuraduría a la Fiscalía, la decisión será acatada sin cuestionamientos. En Palacio de Gobierno no se hará nada que ella no indique.

Esto no es nuevo. Lo que en Tlaxcala se presenta es similar a lo que se dio en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, donde quien tomaba las decisiones importantes no era él, sino el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Existe un comportamiento de civilidad política que hay que reconocer en el mandatario estatal, pero en esa actitud hay también una solicitud implícita de impunidad a cualquier irregularidad que se pudiera encontrar en el futuro.

En el ámbito federal, por mucho que López Obrador incite a la participación de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes, a través de una pregunta que nada tiene que ver con ello, los hechos hasta ahora demuestran un acuerdo implícito de impunidad para no castigar la corrupción rampante que hubo en el sexenio de Peña Nieto.

Guardando las debidas proporciones, porque hasta el momento no se han conocido escándalos en la administración menista, pareciera que algo muy similar pretende concretarse en el caso de Tlaxcala.

Por eso, cuando las diputadas y diputados locales hablan de aprobar las cuentas públicas del año 2020, saben que hay un asentimiento por parte de Lorena Cuéllar para que ello suceda. La mayoría morenista que existe en el Congreso del estado no sólo aprobará la cuenta pública propia, sino también la del Ejecutivo.

La difusión que recientemente hubo en los medios, en el sentido de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró en Tlaxcala irregularidades financieras graves durante 2020, es un preámbulo de lo que viene. No será la próxima Legislatura, ya plenamente identificada con Lorena Cuéllar, la que apruebe la cuenta pública 2020 del Ejecutivo.

Así que Fabricio Mena Rodríguez, hermano del gobernador, tendrá poco qué defender cuando sea diputado y se trate de discutir y aprobar la cuenta pública de los primeros ocho meses del ejercicio fiscal 2021, de la que el actual mandatario estatal es responsable.

Mes y medio es un periodo bastante importante para que muchas cosas sucedan aún en la vida política de Tlaxcala. Uno de ellos es la concreción de la transición de un gobierno que termina a uno que inicia. Y se comprobará el acuerdo, implícito o no, que ya existe.

Tanta camaradería y civilidad política no es gratuita. Hay, por supuesto, un interés oculto detrás de todo ello