Promueven abogados amparos; demandan Reglamento de Ley de Firma Electrónica Avanzada 

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Se trata de 15 recursos que ya fueron admitidos por la justicia federal: Colegio.  

Tlaxcala, Tlax, a 27 de julio de 2020 (Gerardo Santillán).- 15 abogados locales promovieron amparos y solicitaron la protección de la justicia federal, para que los tres Poderes del Estado garanticen el acceso pronto, expedito y eficiente a la justicia, mediante la emisión – cada uno en el ámbito de su competencia – del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, que permita sacar de la parálisis en que se encuentra el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Y es que a pesar de que dicha Ley está vigente en Tlaxcala desde el 22 de octubre de 2015, carece de Reglamento para operar y eso impide, entre otras cosas, que el Poder Judicial esté obligado a aplicar las tecnologías de la información para que las sus labores continúen sin afectar a los justiciables ni a los litigantes.

Al respecto, en rueda de prensa este lunes, el Presidente del Colegio de Abogados del Altiplano Tlaxcalteca, Arturo Montiel Márquez, en compañía de los profesionales del derecho que promovieron el amparo ante el Juzgado de Distrito del Vigésimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación, explicó que de lo que se trata es de reclamar la omisión de reformar el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2020, a efecto de que los Poderes, así como las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, cuenten con los recursos financieros necesarios para implementar y operar las acciones impuestas por la Ley de firma Electrónica Avanzada.

Los tres amparos primigenios se presentaron el 14 de julio y a ellos se sumaron 12 más, los cuales han sido admitidos y se encuentran en análisis por los juzgadores federales.

“El amparo presentado por la licenciada América Ramírez y dos abogados más y luego presentada por otros más que son parte de este Colegio, en esencia busca la protección de la justicia federal (…) porque el Gobierno del Estado no ha realizado su obligación de emitir el Reglamento de la citada Ley, lo que conlleva un retraso en las políticas públicas que se pueden implementar para una agilización de trámites en todos los Poderes del Estado, incluso en los municipios”, precisó.

La resolución del Poder Judicial de la Federación respecto de los amparos es “para efecto de que indiquen si nuestro señalamiento del acto reclamado ha sido el correcto, es decir, nosotros precisamos ciertos y determinados actos que consideramos violatorios de las garantías individuales y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.

Montiel Márquez enfatizó que la ausencia de esa normatividad pone obstáculos para acceder a las tecnologías, en el caso específico del Poder Judicial, para la realización de trámites necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Por su parte, América Ramírez expuso que, por lo demás, la emergencia sanitaria reveló las carencias que se tienen en asuntos tecnológicos en el TSJ, el retraso legislativo y la opacidad de las autoridades que retrasa el trabajo de los litigantes y afecta los derechos de los justiciables.