SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ
El TEPJF y Tlaxcala
Aunque pareciera que lo que pasa a nivel nacional con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no es de incumbencia local, la realidad es que no es así y más temprano que tarde la realidad podría decirnos que esa crisis podría pegar a Tlaxcala si hay alguna resolución jurisdicción que incomode al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo que el miércoles por la noche diversos medios informativos dieron a conocer suena a escándalo. La magistrada Mónica Soto propone, en su proyecto de resolución sobre el caso Michoacán, que se restituya el registro de Raúl Morón como candidato a la gubernatura por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), regresando el caso, una vez más, al Instituto Nacional Electoral (INE).
Ese proyecto choca con el elaborado por el magistrado Infalfer Infante, quien propone la ratificación del acuerdo del INE que niega el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero.
Este nuevo escándalo que protagoniza el TEPJF, consiste en que tras conocerse la propuesta de Mónica Soto, la sesión que en un principio se tenía contemplada para ayer jueves, fue postergada para el martes de la próxima semana. El aplazamiento tendría que ver con negociaciones dentro de la Sala Superior, para convencer a una mayoría de magistrados de que Salgado Macedonio debe ser registrado como candidato.
La participación del presidente de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdez, es la de un verdadero sinvergüenza. Desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a ese magistrado por inconsistencias en su declaración patrimonial, que van por el orden de los 36 millones de pesos, y de que su caso ya está en la Fiscalía General de la República (FGR), ha sesgado de manera descarada resoluciones a favor de los intereses presidenciales.
En pocas palabras, con la utilización de la UIF para maniatar a sus adversarios, el presidente López Obrador tiene no sólo un alfil dentro de la Sala Superior del TEPJF, sino a un verdadero Caballo de Troya que está derruyendo la credibilidad que antaño se había ganado esa institución.
Los propios magistrados de la Sala Superior se han deslindado de lo que bien pueden llamarse porquerías del propio Vargas Valdez. Basta recordar que recientemente cinco de siete magistrados se deslindaron de un comunicado institucional en el que su presidente negaba irregularidades en la Comisión de Administración del TEPJF.
Sin embargo, aún con todo este escenario cuesta entender por qué no se ha actuado para que el magistrado Vargas, mejor conocido como el magistrado “billetes”, no presida más la Sala Superior. Esa institución está siendo desacreditada a tal extremo que quizás muy pronto sus resoluciones no tengan credibilidad entre los actores políticos.
A 45 días de la jornada electoral del 6 de junio, es indudable que casos sobre las elecciones en Tlaxcala llegarán a la Sala Superior. Y como marchan las cosas, es seguro que hasta allá se resolverá la elección por la gubernatura, una vez que el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) emita su fallo.
Tal vez Tlaxcala, política y electoralmente no represente la importancia que tienen entidades como Nuevo León y Michoacán, a las que el presidente -a decir de un desliz de una senadora morenista- les ha dado prioridad. Sin embargo, es altamente probable que la contienda se defina con una cerrada votación, que a la postre una de las candidatas perdedoras impugne su derrota.
Imagínese si la derrotada fuese Lorena Cuéllar Cisneros. De entrada, ya contaría con el voto a favor del magistrado José Luis Vargas para revertir la votación o para anular la elección. Y sume a ese escenario el cabildeo que seguramente realizará con sus pares, como ahora mismo lo hace con el caso de Salgado Macedonio.
Vargas Valdez debe dejar la presidencia del TEPJF. Y más: debe renunciar a su magistratura para que sus compañeros comiencen a construir lo que él ha derrumbado, que es la credibilidad de una institución que mucho ha costado edificar.