SIN LÍNEA Por HORACIO GONZÁLEZ
Uniformes escolares: irresponsabilidad y demagogia
Esta semana se hizo público, a través de una nota informativa publicada en El Sol de Tlaxcala, un hecho que no llamó la atención debida por la discusión que se originó sobre las reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado aprobadas por el Congreso local. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito ordenó a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) otorgar, de manera gratuita, uniformes escolares a siete alumnos pertenecientes a la escuela primaria urbana Manuel Lardizábal, ubicada en la ciudad de Tlaxcala.
Es la primera sentencia judicial que se conoce sobre el asunto, pero obliga a su reflexión por la irresponsabilidad con la que han actuado todos los actores involucrados: desde el partido político que promovió la iniciativa, hasta los diputados locales que la aprobaron irresponsablemente sin destinar presupuesto para hacerla cumplir. Y, por supuesto, el poder Ejecutivo, que no ha sido capaz de reorientar recursos para hacer funcional la Ley de Uniformes Gratuitos para Alumnas y Alumnos de Educación Básica del Estado de Tlaxcala.
Pese a la resolución judicial, la ley de referencia es letra muerta en nuestro sistema jurídico estatal. Y ello es resultado de la demagogia con la que se han conducido varios actores políticos, como en este caso el Partido Nueva Alianza (Panal) a través de sus ex diputados locales J. Carmen Corona Pérez y Sandra Corona Padilla, quienes, supuestamente aliados del actual gobierno estatal, en la pasada Legislatura promovieron la entrega gratuita de uniformes escolares sin prever ni proponer de dónde saldrían los recursos económicos para hacerla efectiva. A esa irresponsabilidad se sumó una mayoría legislativa contrapuesta al Ejecutivo.
A eso se han sumado las acciones clientelares de los legisladores y legisladoras de la actual Legislatura, quienes han cercenado recursos a la educación para etiquetárselos a ellos mismos, como sucedió el año pasado con la asignación de 404.5 millones de pesos para crear los fondos de fortalecimiento al campo y de obras para los municipios, los cuales han servido para pavimentar sus aspiraciones políticas futuras de cara a las elecciones de 2021.
En este contexto, vale la pena recordar que en julio del año pasado la diputada local del Panal, Luz Guadalupe Mata Lara, reconoció que en el ciclo escolar 2019-2020 no habría uniformes escolares gratuitos. Incluso, a principios de enero de este año, el titular de la SEPE, Florentino Domínguez Ordóñez, adelantó que la dependencia y el gobierno estatal darían prioridad a la continuidad del Sistema Estatal de Becas por encima de la entrega de uniformes escolares, en clara respuesta a la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local, Luz Vera Díaz, quien días antes había responsabilizado a la Secretaría de ser omisa en este asunto. Así que ahí están los resultados.
Pero, además, el Ejecutivo no ha actuado responsablemente para dar cumplimiento a la Ley de Uniformes Gratuitos, pues al igual que sucede con los útiles escolares, los uniformes son entregados a destiempo, iniciado el ciclo escolar respectivo, y con deficiente calidad.
En tal circunstancia, lo mejor sería abrogar esa ley. El problema es que hacerlo ahora, en una coyuntura cercana al inicio de un proceso electoral en el que estarán en disputa la gubernatura, las diputaciones locales y federales, los ayuntamientos y las presidencias de comunidad, hacerlo tendría un costo que seguramente se pagaría en las urnas. Y nadie quiere ese castigo.