SIN LINEA Por HORACIO GONZÁLEZ - Linea de Contraste

SIN LINEA Por HORACIO GONZÁLEZ

Mena, momento de definiciones en el Pacto Fiscal

Es increíble que en medio de la crisis por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en su estrategia de polarizar en lugar de llamar a un amplio acuerdo de unidad nacional. Llamados múltiples ha habido, sin embargo, su discurso se ha extrapolado al grado de enfrentarse con los empresarios, sector fundamental para que después de la pandemia la economía pueda ser reactivada con la mayor celeridad que los tiempos exigen.

En ese enfrentamiento, en el que incluso reprueba un acuerdo entre un organismo internacional y el sector empresarial a favor de las empresas mexicanas para evitar la pérdida de un mayor número de empleos en el país, el mandatario nacional prácticamente también ha hecho a un lado a quienes en este momento deberían ser un brazo derecho para coordinar políticas y acciones de apoyo a la población: los gobernadores.

Es la hora en que López Obrador no se ha reunido con ellos y ha dejado en funcionarios de su gabinete la concreción de acuerdos, que tal parece han quedado en meras buenas intenciones. Los gobernadores piden sin saber, con certeza, si las solicitudes de mayor apoyo para sus estados tendrán respuesta positiva.

Por eso, durante los últimos días, ha crecido la propuesta de un bloque de gobernadores para llevar a cabo un nuevo pacto fiscal. El periódico El Financiero informó esta semana que al menos 21 entidades del país, de distintos colores partidistas al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), analizan la conformación de un bloque contra el actual Pacto fiscal federal. El motivo: la insuficiencia de recursos económicos, situación que se ha agudizado con la pandemia del Covid-19.

Pero a la insuficiencia de recursos se suma la iniciativa para darle súper poderes al presidente de la República en materia presupuestal, la cual ha encendido alarmas en las entidades federativas gobernadas por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, no sólo por cómo encarará el gobierno federal esta pandemia en sus momentos más difíciles, sino por la altísima probabilidad de que una parte importante del presupuesto sea para influir en las elecciones federales y estatales que se celebrarán en 2021.

El presidente López Obrador quiere todo el pastel sin querer negociar ni llegar a acuerdos con los gobernadores. Por eso la oposición en el Congreso de la Unión se ha unido para evitar esa posibilidad.

En este contexto, los resultados electorales de 2018 no le dan ningún margen de influencia al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien no sólo perdió por abrumadora mayoría el Congreso del estado, sino también todas las posiciones que implicaban tener asientos en el Legislativo federal.

Sin embargo, pese a esa disminuida influencia, Mena Rodríguez tiene que definir una posición política sobre el tema, la cual tendrá que asumir en los hechos. Hasta ahora su discurso ha sido de conciliación hacia el gobierno federal desde que el tricolor perdió los comicios de 2018. Sin embargo, si no quiere quedar como un simple observador de la política y de las definiciones nacionales actualmente en juego, debe tomar partido: respaldar al presidente en sus pretendidas y hasta ahora exitosas políticas centralizadoras, o pugnar por un nuevo pacto fiscal con miras a fortalecer en el futuro las finanzas del estado, aunque él ya no se encuentre en Palacio de Gobierno.

Actualmente los ingresos fiscales se distribuyen con inequidad: de la recaudación participable, sólo llega a las entidades federativas el 17 por ciento y poco más del 5 % a los municipios. Asimismo, en el reparto de potestades tributarias, solamente el 2.4 por ciento de facultades está en los gobiernos locales, por lo cual, la mayor parte de los ingresos estatales y municipales provienen de las transferencias federales.

Lo anterior ha originado el crecimiento de la deuda en un gran número de entidades federativas, y en el caso de Tlaxcala, la imposibilidad de tener en sus arcas más recursos económicos, sumado al costo político de contraer empréstitos.

Más claro: gobernar es asumir costos políticos, que en los últimos tiempos ningún gobernante ha querido hacer. Y el de hoy, en un momento de crisis económica como no se ha visto en el último siglo, es un buen momento para hacerlo. Ojalá Mena Rodríguez se atreva a hacerlo.